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El Tribunal Supremo concluyó- según el auto dictado el pasado 20 de enero- que la Audiencia Nacional tiene la competencia para investigar a Díaz Ferrán y Pascual por presuntos delitos de fraude y apropiación indebida de esos 108 millones de euros.

La Sala en lo Penal del Tribunal Supremo estimó el planteo de competencia del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid y otorgó la investigación al titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que rechazó tomar el caso.

Según publica la agencia española de noticias Europapress, el Tribunal concluyó que la Audiencia Nacional es la competente para investigar este tipo de delitos fiscales en concepto de fraude, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Considera también que el monto defraudado por los empresarios "puede tener grave repercusión en la economía nacional, en la seguridad del tráfico mercantil", lo que lleva a reconocer la competencia de la Audiencia Nacional. Por último, el Supremo afirma que "no cabe duda de la complejidad del asunto", no sólo por involucrar a diversas personas físicas y varias empresas, sino también por la existencia de dos concursos de acreedores que se tramitan tanto en Argentina como en España.

En diciembre de 2009, el juez Velasco rechazó su competencia para asumir la querella presentada contra los antiguos propietarios de Air Comet por los interventores judiciales que tramitan la suspensión de pagos declarada de Aerolíneas Argentinas.

En 2003, Anticorrupción comenzó a investigar la actuación de Air Comet, propiedad de Marsans, en el concurso de acreedores declarado por Aerolíneas Argentinas, tras el proceso de compra, cerrado en octubre de 2001, por el consorcio formado por Air Comet, la SEPI, Spanair y la sociedad Air Plus.

Air Comet habría hecho entonces figurar a su favor deudas ya canceladas por la SEPI en el marco de sus aportes para la reducción de deuda de la compañía y su reflotamiento, según la denuncia presentada por interventores judiciales.

Los directivos de Air Comet están imputados de utilizar presuntamente los 209,5 millones de euros aportados por la SEPI para amortizar pasivos en el concurso y por dejar de pagar a Hacienda 99 millones de euros por parte de Air Comet y 7,5 millones por parte de la sociedad Romana Playa.

Con esta operación, Air Comet y Royal Romana Playa, supuestamente vinculada a Antonio Mata, habrían adquirido el 90 por ciento de las deudas presentadas al concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas en diciembre de 2002, con el fin de controlar los derechos de voto en ese concurso, que terminó con una quita del 60 por ciento de la deuda.