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La delegación de Roca de la cartera laboral informó que los inspectores concurrieron al establecimiento, ubicado sobre la ruta nacional 22, ante una denuncia anónima sobre las condiciones ilegales de trabajo de un grupo de operarias.

Cuando el personal de Trabajo y AFIP arribó al lugar encontró 25 hombres trabajando, pero no había presencia visible de mujeres. Durante más de dos horas se constataron las condiciones de trabajo en el galpón, donde se arman cajones para fruta, así como la documentación de los operarios allí ubicados.

En un momento determinado, uno de los inspectores observó la puerta cerrada de una pequeña habitación lateral donde se encontraban un grupo de mujeres. De inmediato, se le ordenó a los responsables del establecimiento que se facilitara el acceso al sitio y allí se encontró a 9 operarias, todas mayores de edad, muy acaloradas y con principio de deshidratación. Una de las víctimas narró que el encargado del lugar las había encerrado antes de la inspección.

En Santiago del Estero, el fiscal de Estado Raúl Abate llevó adelante el procedimiento donde se detectó las deficientes condiciones en las que un grupo de peones rurales, en su mayoría menores de 17 años, trabajaban en la tala de árboles para la elaboración de postes en el monte santiagueño.

Los trabajadores y cuidadores de más de 7 mil hectáreas fiscales usurpadas, vivían en condiciones precarias, en campamentos construidos con horcones, ramas secas y plásticos color negro. Los obreros, a los que se les abonaban pagos por debajo de convenios colectivo de trabajo, no disponían de sanitarios ni de electricidad, guardaban los alimentos en las ramas de los árboles y se veían obligados a dormir en el piso.

El procedimiento había sido dispuesto por el juez Civil y Comercial Fernando Curet y tenía como objetivo desalojar a todos los ocupantes ilegales que tomaron las hectáreas de los parajes de Virgen del Carmen y Los Tigres, en puntos limítrofes entre Tucumán y Santiago del Estero.

En los campos recuperados en los que se realizaban tareas forestales, funcionarios de la Fiscalía de Estado y la Dirección de Tierras y Bosques, descubrieron que los usurpadores habían procedido al alambrado de los campos con parcelas que eran acondicionadas para la siembra de soja.