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Las tres iniciativas que componen el plan de acción oficial contemplan el indulto de hasta diez mil reclusos, las mejoras de las condiciones de alojamiento en los penales y la renovación de la Gendarmería, la fuerza penitenciaria chilena.

Las medidas fueron anticipadas por el ministro de Economía, Felipe Bulnes, en una reunión que mantuvo hasta pasadas las 22 con funcionarios de Gobierno, entre ellos el ministro de Interior y vicepresidente Rodrigo Hiznpeter, e integrantes de las comisiones de de Constitución, Legislación y Justicia de las cámaras legislativas.

El funcionario informó sobre la compra de terrenos para la construcción de cárceles de alta y otras de baja seguridad, para evitar situaciones como las que se vivieron en el incendio del Penal de San Miguel.

Respecto a los indultos, el Gobierno analizó modificaciones a los requisitos de excarcelación, la conmutación de condenas menores a un año por trabajos comunitarios, la conmutación de penas para presos de muy buena conducta, la flexibiliziación de las condiciones de acceso a la libertad condicional, y el beneficio para enfermos terminales.

Un aspecto sensible podría darse respecto a la excarcelación de reclusos mayores de 80 años, ya que entre ellos podrían estar incluídos detenidos acusados de la violación de los derechos humanos.

En este punto está el desacuerdo entre el gobierno y la oposición que ayer se sentaron a negociar. Actualmente, unos 65 militares y civiles cumplen pena efectiva en cárceles militares por estos crímenes, aunque otros 700 están procesados, según cifras oficiales. La opción de un indulto a ex militares, planteada en medio del debate por el diputado oficialista Alberto Cardemil, ex viceministro del régimen militar, es rechazada por la centro izquierda.

En ese contexto, monseñor Ricardo Ezzati, quien asumió roles mediadores en diferentes conflictos sociales los últimos meses, destacó la necesidad de encontrar una salida al problema carcelario. "Nos interesa que si planteamos un problema realmente pueda ser considerado para que desde la perspectiva propia del gobierno se busquen las medidas para ir al encuentro de esa realidad", sostuvo.

El senador socialista Fulvio Rossi fustigó que solo ahora el gobierno comprendiera el problema y criticó a la derecha del hacimiento en las cárceles. "La culpa es del discurso político y de las campañas populistas de este gobierno de derecha, que decía 'tolerancia cero'".

Chile, con 318 presos por cada 100 mil habitantes, es el país con la mayor tasa de presos en Latinoamérica. En total, hay 55 mil presos en el país, un 50 por ciento más que hace diez años. Otras 50 mil personas cumplen penas alternativas o con sistemas de reclusión parcial, según cifras oficiales.

El incremento obedece al paso hace diez años de un sistema penal escrito a otro oral que aceleró juicios, en medio de un clima político favorable a endurecimientos de las sanciones.

El proyecto favorecería a cerca del 20 por ciento de la población penal (a fines de enero de 2010 había unas 50.495 personas presas) en los próximos cuatro años de los considerados infractores condenados por delitos menores y no violentos. El hacinamiento que sufren los reclusos fue calificado de inhumano por la Corte Suprema.