“Las competencias judicial y policial son de la ciudad”, aclaró el funcionario durante una entrevista televisiva. El delito de “usurpación” había sido solicitado por el gobierno porteño y, siempre según Alak, “le fue transferido por el Congreso nacional en febrero de 2008, cuando votó la ley de transferencia de competencias penales”.

Por lo tanto, “quienes deben intervenir son los tribunales de la ciudad” y “la policía competente es la Metropolitana, no la Federal”, argumentó. En cambio, uno de los argumentos del gobierno porteño para justificar el incumplimiento de la orden de desalojo por parte de su propia fuerza de seguridad fue la escasa cantidad de personal con el que cuenta.

“Creemos que en dos años tuvieron tiempo suficiente para tener una policía preparada”, sostuvo Alak. “Si (los funcionarios porteños) solicitaron la transferencia de nuevos delitos hace dos años, es porque saben las responsabilidades que ello acarrea” y se puede suponer que “tuvieron tiempo suficiente para alistar” el personal, los recursos y la logística necesarias “como para llevar adelante las órdenes judiciales”, concluyó.