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El predio es custodiado a la distancia por efectivos de la Policía Metropolitana y de la Federal, aunque no hubo avances para abrir un diálogo o desalojar a los intrusos a la espera de que mañana el juez de Quilmes Luis Armella pueda requerir nuevas medidas o multas a las autoridades por el incumplimiento de la orden que dio la semana pasada para liberar las viviendas.

Larreta indicó que el desalojo de la toma "va más allá de las discusiones políticas, es un problema legal". "La pulseada se da entre el Gobierno y un juez federal, cuya orden no es cumplida", se despegó Larreta. El funcionario recordó que desde el sábado cuando se produjo la toma y el lunes en que el juez ordenó el desalojo "la Policía Metropolitana acató la orden y estaba ahí para acompañar" la disposición.

El jueves, el ministro de Justicia, Julio Alak, resaltó que la Policía Metropolitana tiene hace dos años la competencia para cumplir con la orden de delitos de ese tipo. Pero el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, repitió hoy que la Ciudad no cuenta con "grupos especiales" para el operativo y solicitó la intervención de la Policía Federal para concretar el desalojo.

El juez federal de Quilmes debió ratificar el viernes por la noche la orden de desalojo de las familias que ocupan el complejo habitacional construido para trasladar a pobladores de asentamientos situados a orillas del Riachuelo.

El magistrado mantuvo en un nuevo fallo las multas aplicadas a la secretaria de Seguridad de la Nación, Cristina Camaño, por el incumplimiento de las medidas ordenadas y advirtió a los ministros de Seguridad nacional y porteño, Nilda Garré y Guillermo Montenegro, que también serán multados si no garantizan el desalojo.