Los camaristas, en su resolución, también piden al juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien tiene a cargo la instrucción de la causa, que el proceso de investigación lo lleve adelante con la "mayor celeridad posible", según precisó uno de los abogados querellantes, Miguel Vaca Narvaja.

El tribunal se expidió sobre los planteos de las defensas de los ex fiscales federales, Alí Fuad Alí y Antonio Sebastián Cornejo y del ex juez federal Miguel Angel Puga. Estos tres ex funcionarios judiciales, junto a otros, fueron mencionados como colaboradores o por no cumplir sus funciones durante el juicio por la muerte de 31 presos políticos ocurrido en 1976, y por el cual el año pasado fueron condenados en Córdoba, entre otros, los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.

Los abogados defensores de los imputados, José Buteler, Julio Loza, Carlos Lascano Roqué y Angel Carranza habían planteado la prescripción de la causa, en desacuerdo con la imputación y también por la falta de acción del expediente.

Por su parte, los abogados querellantes, Miguel Ceballos, Miguel Martínez y Vaca Narvaja se opusieron al pedido de las defensas de los imputados y como contrapartida solicitaron la ampliación del requerimiento fiscal existente para que sean investigadas las conductas de magistrados y funcionarios de la justicia federal de Córdoba de aquella época. En ese sentido mencionaron también a Ricardo Haro, actual conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN); Carlos Otero Álvarez; Luis Eduardo Molina y Eudoro Vázquez, quienes también son investigados por el juez Piedrabuena.