El proyecto establece una reparación económica para los derechohabientes de las personas fallecidas durante el ataque a la mutual judía. En tanto, los heridos graves recibirán el 70 por ciento del monto; y los heridos leves, el 60 por ciento. La iniciativa también establece que la reparación será distribuida entre los herederos de las víctimas de acuerdo con el carácter de prelación establecido en el Código Civil.

Además, la norma establece que quienes hayan accedido al beneficio deberán desistir de cualquier acción legal y renunciar a entablar futuras acciones judiciales sobre el mismo hecho contra el Estado argentino.

Una de las autoras del proyecto, la justicialista puntana Liliana Negre de Alonso, explicó que la indemnización es del doble que la pagada en el caso de las víctimas por la voladura de la Embajada de Israel en virtud de que se trata de una "reparación integral con reconocimiento del Estado Nacional ante la ONU sobre responsabilidad en prevención, investigación y perjuicios".

Durante la votación, se abstuvo la cordobesa Norma Morandini por no no compartir el principio de dar mayor indemnización a las víctimas del atentado a la AMIA, que a quienes fueron afectados por el ataque contra la Embajada de Israel, en 1982. "¿Por qué vamos a hacer diferencias entre las víctimas? ¿En razón de qué vamos a hacer diferencias de las víctimas?", se diferenció la candidata a vicepresidente por el Frente Amplio Progresista (FAP).

La senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, adelantó que votaba a favor de la iniciativa pero dejó sentadas sus dudas al decir que entendía que las "85 familias de la AMIA y los 250 lesionados deben recibir esta reparación" pero que no comprendía "el criterio de por qué en este caso se paga más del doble de lo que se pagó a las víctimas de la Embajada".