Además, la presentación legal sostiene que "cuando los controladores aceptaron la conciliación y retomaron el trabajo, el Ricardo Cirielli desplazó el conflicto a los talleres de mantenimiento, lo cual demuestra que hay una intención de intervenir y de querer presionar a la empresa que es muy clara".

Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sostuvo que el daño provocado por los trabajadores "ha sido ya muy grande, desde el punto de vista económico y de la compañía". Y resaltó: "Las relaciones laborales tienen reglas, normas y leyes vigentes. Nosotros pretendemos que se respeten".

El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, manifestó que el Gobierno "no va a tolerar acciones como las de APTA, ya que un país no puede estar supeditado al humor de un dirigente sindical".

Por su parte el diputado nacional y dirigente aeronáutico, Ariel Basteiro, afirmó que "hay una fuerte connotación política" en las medidas de fuerza llevadas a cabo por un "pequeño grupo de controladores de vuelos que responden a la APTA de (Ricardo) Cirielli". El vicepresidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados recordó que "Cirielli se fue muy mal del gobierno, muy enojado y haciendo críticas muy duras".