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La Sala B del tribunal de apelaciones revocó la falta de mérito dictada a todos los acusados por este delito en la justicia de instrucción, y los procesó por entenderlos responsables de los tormentos provocados a, por lo menos, tres víctimas: Silvia Ontiveros, Vicenta Zárate y Stella Maris Ferrón.

Para el tribunal de apelaciones los delitos sexuales integraron el "plan sistemático y generalizado de violación de derechos humanos" de la represión ilegal, y por eso deben ser considerados de lesa humanidad, es decir, imprescriptibles.

El tribunal manifiesta en su resolución que "surge, en principio, de la investigación desarrollada, que las agresiones sexuales que se cometieron en los centros clandestinos contra las personas allí detenidas, fueron continuas, reiteradas y masivas", advirtieron.

Del mismo modo, consideran que "la manera de infringir dolor habría tenido condimentos diferenciados cuando la víctima era una mujer. Se habría demostrado a través de numerosos testimonios que la violencia sexual y la violación eran una práctica permanente en los centros clandestinos de detención, en el contexto de encierro o coacción extrema al que fueron sometidas las víctimas".

Las sobrevivientes que denunciaron los hechos "señalan la frecuencia de los ataques, y a partir de esos hechos, los dichos indican que los delitos contra la integridad sexual fueron integrantes del ataque sistemático, implementado contra sectores de la población civil ûen particular contra las mujeres- por el terrorismo de Estado", agregaron los jueces.