La Secretaría pidió que "se le informe cualquier resolución o disposición que modifique las condiciones o modalidades de detención de imputados y condenados por delitos de lesa humanidad". Solicitó, además, que "se ordene el control de las salidas transitorias a la Dirección de Control y Asistencia Post Penitenciaria".

A través de un escrito, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz, manifestó que "es público y notorio que Brusa, Ramos y Aebi fueron condenados por la comisión de gravísimos delitos de lesa humanidad", y que "no debe soslayarse la especial trascendencia de las imputaciones que se cometieron como parte de un plan de ataque generalizado en contra de la población civil, donde se cercenaron garantías individuales y donde se utilizó el aparato estatal para su comisión, encubrimiento y el mantenimiento de impunidad para los perpetradores, situación que se mantuvo durante 30 años".

"La decisión del tribunal ha provocado un estado creciente de inquietud entre los testigos, víctimas, familiares, muchos de los cuales han ingresado al Programa de Acompañamiento y protección de Testigos y Querellantes", añadió. "Esta nueva situación -continúa la presentación- puede afectar su seguridad e integridad física y psíquica, impidiendo o restringiendo la posibilidad de brindar libre y autónomamente su declaración testimonial durante el desarrollo de los juicios que se encuentran en la etapa de instrucción".

Brusa, Ramos y Aebi fueron condenados el 22 de diciembre de 2009 por el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe, junto con otros imputados, en el marco de la denominada "Causa Brusa". Como esa sentencia fue apelada y aún no se confirmó, la Justicia les concedió el 29 de diciembre de 2011 el beneficio de las salidas transitorias por el tiempo que llevan detenidos en prisión preventiva, medida que fue recurrida por la Fiscalía.