Ayer, luego de reunirse con el secretario del Tesoro de estadounidense, Timothy Geithner, el ministro de Finanzas japonés, Jun Azumi, señaló que su país recortará "lo antes posible y gradualmente" sus importaciones de petróleo procedentes de la república islámica, que constituyen un 10 por ciento del crudo que adquiere en el exterior. Pero hoy, el primer ministro rectificó estas declaraciones y sostuvo que su gobierno evaluó "las graves consecuencias que pueden tener las sanciones sobre las economías de Japón y del mundo".

Hasta el canciller Koichiro Gemba desdijo al funcionario de hacienda durante una reunión en Europa con su par francés, Alain Juppé: "Estados Unidos quiere adoptar sanciones. Nosotros consideramos que hay que ser extremadamente circunspectos para aceptar semejantes medidas", dijo el diplomático oriental. Es más, argumentó también que el estudio de esa disposición internacional podría tener un beneficio colateral para Teherán. "Si queremos adoptar sanciones sobre el crudo, es necesario que esas medidas sean plenamente eficaces y que no tengan el efecto contrario", destacó señalando que un encarecimiento del petróleo beneficiaría a quien se pretende castigar.

Por su parte, Juppé sostuvo que no cree en un aumento del precio del crudo, ni en consecuencias sobre la economía mundial, y pidió "continuar el diálogo sobre esta cuestión" y recordó que la Unión Europea trabaja en la adopción, hacia fines de este mes, de las medidas propuestas por Estados Unidos. "Nosotros deseamos intensamente que Japón pueda asociarse a ellas", dijo.

Japón es un país con una gran dependencia energética del exterior, la cual se vio acrecentada tras el inicio de la crisis nuclear el pasado 11 de marzo en la central de Fukushima, el accidente que provocó que el 85 por ciento de los reactores nucleares de ese país se detengan. Esta situación obligó al Estado a generar gran parte de la electricidad en sus centrales térmicas alimentadas, por crudo.