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Para corre al juez Otero de la causa, los camaristas Luis María Bunge Campos y Jorge Rimondi entendieron que puede haber "algún tipo de menoscabo en la imparcialidad" que "no inspire la confianza necesaria a las partes en el caso", ya que abrió una línea de investigación sobre la que no hay pruebas.

El fiscal Sandro Abraldes, tras un año de investigación, había pedido en diciembre las indagatorias de los oficiales de la Metropolitana y la Federal por los crímenes de Bernando Salgueiro, paraguayo de 22 años muerto de un tiro en el estómago, y Rosemarie Chura Puña, boliviana de 28 años, asesinada por un impactó en el tórax, en ambos casos el 7 de diciembre del 2010.

De acuerdo a lo elevado por el fiscal a Otero, los crímenes fueron perpetrados en sectores del parque ubicado en Villa Soldati, donde las fuerzas de seguridad habían reprimido la toma, y cometidos por municiones antitumulto adulterada, que fueron cambiadas por sus originales. Por ello, acusó a los comisarios de la Policía Federal Roberto Palavecino, Hugo Lompizano –también imputado en la causa por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra–, Juan Quintero y Emilio Miragaya, y el comisario mayor de la Metropolitana Ricardo Ferron.

Sin embargo, Otero desestimó en febrero el planteo y sobreseyó a los acusados al considerar que el fiscal había realizado una acusación genérica y no investigó la hipótesis de la existencia de armas tumberas en manos de los ocupantes del predio como las causantes de los crímenes. Esos argumentos fueron apelados por el fiscal y el abogado querellante Nicolás Tauber y la Cámara entendió que los sobreseimientos fueron prematuros porque "no resulta una derivación razonada de los hechos de la causa".

Otero había dicho que la actuación de Abraldes "revela un desconocimiento no solo en aspectos jurídicos esenciales sino además en la metodología investigativa", lo que fue descartado por la Cámara al señalar que el fiscal tuvo "una profusa y seria investigación".

Los camaristas sostuvieron que la hipótesis del arma tumbera "contaría con un grado de posibilidad menor ya que ni siquiera existen personas individualizadas a las que se les pueda atribuir" y sostuvieron que Otero se pronunció sobre esa posibilidad "en términos por demás vagos e imprecisos".

Bunge Campos y Rimondi también entendieron que el juez de instrucción "se ha extralimitado en su función al disponer la intervención de la Prefectura Naval Argentina" en la causa, ya que la investigación está a cargo del fiscal y es él quien debe resolver ese tipo de medidas.

En disidencia, el camarista Alfredo Barbarosch no coincidió con el apartamiento de Otero y la nulidad de los sobreseimientos, y sostuvo que debe profundizarse la hipótesis de intervención de armas tumberas. Ahora la Cámara del Crimen deberá sortear un nuevo juez de instrucción que reemplace a Otero.

Abraldes también había pedido la indagatoria de la jueza Nazar por ser "desaprensiva" en su orden de desalojo del parque y no controlar el accionar de las fuerzas, pero en este caso la Cámara confirmó el sobreseimiento dictado por Otero al coincidir en que "no ha podido esclarecer en la audiencia qué deber de cuidado habría violado Nazar".