Los expolicías Roberto Bustos y Julio Bianchero, sobre quienes pesan pedidos de condena que oscilan entre 25 y 12 años de prisión, de acuerdo con la Fiscalía y las querellas de los ocho jóvenes desaparecidos, podrían ser acusados además de "homicidios agravados reiterados" en base a las declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla, en cuyo caso el ministerio público pedirá la detención de Bustos de manera inmediata.

El fiscal Marcelo García Berro pidió 19 años para Bustos y 12 para Bianchero, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Ciro Anicchiarico, solicitó 25 años para el primero y 20 para el segundo. El Tribunal ya escuchó el alegato de la defensa de Bustos, que pidió la absolución argumentando que la inteligencia, el operativo, las privaciones de libertad y los tormentos a las víctimas estaban a cargo del Ejército y que la Policía "no era autónoma" y sólo "recababa información y la elevaba a los militares".

Mañana será el alegato de la defensa de Bianchero, y el 31 de mayo el veredicto. Los dos acusados llegaron procesados por "allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, amenazas y violencia", en ocho casos. Las víctimas fueron Jorge Sznaider, Luis Blas Beitone, Omar Aquiles Ivorra, Noemí Graciela Beitone, Carlos Alberto Pérez, Mirta Silber de Pérez, Hugo Armando Malozowski y Eduardo Pérez Brancatto.

Las tareas de inteligencia para el secuestro comenzaron en la seccional de San Martín a cargo de los procesados, con la detención ilegal de dos allegados a las víctimas, y con la información obtenida se hizo el operativo el 12 de mayo de 1979. Las víctimas, en su mayoría secuestrados en el departamento de uno de los integrantes del taller literario, fueron trasladados al centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo y permanecen desaparecidos.