Además, el juez de la Corte Suprema aseguró que "cualquier evaluación del tipo de tenencia no puede estar en manos de la policía porque eso sería peligroso", postuló que "se debe tipificar la adquisición de la tenencia", y advirtió que "no todas las conductas de participación necesaria están penadas".

La discusión sobre la despenalización se revitalizó este año con la presentación del proyecto del senador Aníbal Fernández, elaborado junto a un comité de jueces, sanitaristas y sociólogos durante cinco años.

“El que tuviere en su poder estupefacientes que excedan un consumo personal será penado con uno a tres años de prisión”, indica el artículo 5 del proyecto, que mantiene la figura intermedia de “tenencia simple” de la actual Ley 23.737, aunque baja la pena máxima, que era de seis años, y lo convierte en un delito excarcelable. Por otra parte se declara “no punible” la tenencia y uso de hojas de coca en su estado natural, “destinada a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión”.

Además, el proyecto establece que cuando no se trate de una organización de magnitud, las penas serán de tres a 10 años y se distingue entre cabecillas y subordinados. Para estos últimos la pena “podrá reducirse a la mitad del mínimo y del máximo”. Quien ingrese, egrese o acumule sin autorización precursores químicos útiles para fabricar drogas ilegales, como la efedrina, quedaría penado con uno a seis años de cárcel. Si estas conductas “se ejecutasen a sabiendas” de que estos materiales son para producir estupefacientes, el castigo se eleva de tres a 10 años.