A principios de marzo, el gobierno de Macri decidió llevar el traspaso del subte --pautado de forma conjunta con el gobierno nacional mediante un acto de acuerdo en enero-- a la Justicia al presentar un pedido de “no innovar” para que el Estado nacional “se abstenga de ejecutar cualquier acto y/o medida que signifique la continuidad del proceso de transferencia”.

Un día después, el 6 de marzo, el gobierno nacional respondió con otra presentación judicial en la que solicitaron que la Justicia haga lugar a una medida cautelar y “ordene al gobierno porteño para que en forma inmediata proceda a cumplir su obligación como concedente del servicio público del subterráneo, debiendo a tal efecto controlar y fiscalizar el contrato de concesión en su totalidad”. Y al igual que en el escrito que habían presentado los macristas, se reservaron la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema, donde se especulaba podía llegar la disputa.

Desde entonces, el ejecutivo macrista argumentó un supuesto incumplimiento en el pago de los subsidios que la Nación se había comprometido a mantener por el plazo de un año y alegó que hasta tanto no se haya “arribado a un acuerdo sobre las cuestiones legales, económicas y administrativas derivadas del contrato de concesión ni definido cómo se atenderán los distintos compromisos resultantes” no accedería al traspaso.

A fin de ese mismo mes, los pedidos de medidas cautelares presentados por los gobiernos nacional y porteño en torno de la transferencia del subte fueron rechazados por la jueza en lo Contencioso, Administrativo y Federal Claudia Rodríguez Vidal, que consideró que ninguna de las dos presentaciones cumplía con los requisitos legales. En su rechazo, la jueza Rodríguez Vidal indicó que sin desmedro de su decisión seguirá el trámite de los planteos de fondo en torno de ambas partes, y la decisión puede ser apelada a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Decisión que esta tarde el gobierno porteño desestimó.

En el trascurso, el Congreso Nacional aprobó una ley por la cual transfirió al Gobierno porteño las líneas de subterráneos y las 33 empresas de colectivos que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires.