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En su dictamen, ante el juez federal Julián Ercolini, González consideró que la denuncia presentada por el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se debe sumar a la promovida por el titular de la cartera de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, contra el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y su hijo Pablo. El fiscal sostuvo que tanto la denuncia de De Vido como la de Randazzo -que tramita el juez federal Sergio Torres- se refieren a conductas con el mismo fin: "que no circularan camiones que transporten combustibles".

En el sumario que instruye Torres "se indica que un grupo de personas que responden a directivas de la entidad gremial que impulsa las medidas de fuerza, impidieron la libre circulación de los transportes de combustible y con ello el fluido abastecimiento de esos insumos críticos para la comunidad", expresó González. "Estas circunstancias me llevan a considerar que el delito de entorpecimiento del transporte habría sido cometido en forma simultánea por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte de Cargas y por la FADEEAC", destacó el fiscal.

El representante del Ministerio Público recordó que el 20 de junio último el Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, y el Secretario Privado del Ministro de Planificación Federal, José María Olazagasti, mantuvieron conversaciones telefónicas con Morales, con el fin de contrarrestar el paro de actividades que afectaba el transporte de combustibles, luego que el gremio camionero no acatara la conciliación obligatoria dispuesta entonces por el Ministerio de Trabajo.

El fiscal agregó que, según se denunció, Morales "se comprometió a poner a disponibilidad camiones de transporte de combustible, a los efectos de mantener abastecidas las estaciones de servicios, pero cuando correspondía planificar y coordinar las acciones concretas para que el combustible se distribuyera, los dirigentes denunciados cortaron toda comunicación con los funcionarios del ministerio que se encontraban trabajando en la cuestión".

La denuncia calificó de "sugestivo" que "luego de la conferencia de prensa realizada por el ministro y de realizada la presente denuncia, el sindicato y la FADEEAC "sellaron el convenio colectivo en una reunión que no duró más de 20 minutos, cuando la conflictividad había tenido una escalada tal como la que se vio en esos dos días".

En su "requerimiento de instrucción" el fiscal pidió a Ercolini que "tenga por impulsada la pertinente acción penal" y, entre otras medidas de prueba, sugirió al magistrado que cite a Baratta y a Olazagasti para que declaren como testigos.