El pedido había sido presentado al juzgado federal de Río Cuarto en noviembre del año pasado por los fiscales Carlos Gonella y Guillermo Lega, luego de que se cerrara la etapa de instrucción. También se hizo lugar al pedido de que se resuelva la situación de Menem, que quedó a un tris de ser sobreseído por la explosión de esa planta que, según las sospechas, fue hecha para ocultar el faltante de armas por la venta ilegal de pertrechos a Croacia y Ecuador, durante su presidencia.

La Justicia entendió que con las decisiones asumidas por los exmilitares imputados en la causa "se fueron creando las condiciones necesarias para que los hechos acontecieran tal como sucedieron" y aludieron a un "absoluto relajamiento" de los controles de seguridad, a la "situación laboral de los operarios, (el) desorden contable" y la "forma en que se llevaba a cabo la producción de material bélico en la Fábrica Militar de Río Tercero.

La planta se había convertido en el "eje clave de un operar ilegítimo (el contrabando de material bélico al exterior)", algo que no podía "ser ignorado por las autoridades superiores de la FMRT", indica el texto incluido en el expediente que presume una serie de explosiones "intencionales" que derivaron en una onda expansiva que mató a siete personas, entre ellas Hoder Dalmasso, el esposo de Ana Gritti, ya fallecida y única querellante en la causa que fue seguida por sus hijos.

También fueron víctimas Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, José Varela y Elena Quiroga además de causar heridas y cuantiosos daños materiales en la población.