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El amparo es promovido por el abogado constitucionalista Roberto Boico y tras la aceptación de la jueza también fueron convocados a la audiencia el Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand; la titular del Ministerio Público Tutelar, Laura Musa, y el propio abogado denunciante, que busca la "declaración de inconstitucionalidad" de la norma que dispuso la instalación de la línea telefónica y el "cese de la persecución política a jóvenes militantes". El denunciante también solicitó que se comunique a la Legislatura porteña a fin de "evaluar la iniciativa de juicio político por mal desempeño de las funciones contra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich". En su escrito, Boico sostuvo que la línea telefónica "procura fomentar un sistema de alcahuetería, chismorrería o soplonería dirigido hacia jóvenes o niños que estuvieran divulgando, propagando o disertando acerca de ideas políticas, lo que equivale a decir que el gobierno porteño interpreta a la actividad política como delictiva". "El Gobierno de la Ciudad está desconociendo en forma absoluta las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos que protegen la libertad de expresión y la libre divulgación de las ideas políticas", acusó el abogado constitucionalista en su escrito. Además, remarcó que se "ha montado un escenario mediático en el cual presentan la medida como neutralizadora de supuestas utilizaciones de fondos públicos para el adoctrinamiento de los niños, cuando en realidad encubre un desprecio evidente sobre la actividad de nuestros jóvenes".