Piedrabuena, quien ordenó el inmediato traslado de Puga al complejo penitenciario de Bower (ubicado a 17 kilómetros de la capital cordobesa), adoptó la resolución en el marco de la causa caratulada "Ali Fuad Alí", en la que se investiga al funcionario por dictar "resoluciones contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

La decisión fue adoptada en el marco de una causa en la que se investiga la actuación de varios magistrados y funcionarios federales de Córdoba durante la última dictadura militar por su supuesta connivencia con la comisión de delitos de lesa humanidad.