En el informe sobre el que la Corte inició la investigación sobre Meade, los senadores recomendaron al gobernador Daniel Scioli apartar al comisario Hugo Matzkin de la jefatura de la Policía Bonaerense y a una treintena de agentes, mientras que denunciaron "la falta de conducción" de las fuerzas por parte del Ministerio de Seguridad y Justicia, en manos de Ricardo Casal.

Horas después, el gobernador se mostró junto a Matzkin en un operativo por drogas, y en las últimas horas no quiso opinar del informe y se limitó a decir que su administración aceptaba los "aportes constructivos".

Candela, de 11 años, desapareció el 22 de agosto de 2011 en la localidad de Villa Tesei y fue hallada asesinada nueve días después, en un baldío a la vera de la Autopista del Oeste, en Hurlingham. Por su crimen fueron presas varias personas sospechadas de haber llevado adelante una "venganza no tradicional" contra el padre de la nena, preso por una causa de piratería del asfalto.

En su momento, la Cámara de Apelaciones de Morón resolvió anular los procesamientos por graves falencias observadas durante la investigación y ordenó el apartamiento del juez de Garantías Meade.

El miércoles pasado, los diputados Cristina Fioramonti y Jorge Ruesga (FPV-PJ) le entregaron al presidente de la Suprema Corte los resultados del informe sobre la investigación en el crimen de Candela. A partir de ese documento, De Lázzari precisó que el dictamen, al que accedieron sus colegas fue enviado "a la Subsecretaría de Control Disciplinario", donde se evaluará si es necesario llevar al juez de Garantías a un jury.

Además, el titular de la Corte expresó "a título personal" que el informe de la Comisión "aborda profundamente las circunstancias del caso y enuncia aspectos de inusitada gravedad, los que de ser confirmados en las instancias correspondientes depararán trascendentes consecuencias".

En ese sentido, De Lázzari mencionó, por ejemplo, una "deficiente intervención de la Auditoría de Asuntos Internos -a cargo de la cartera provincial- para investigar a policías públicamente sospechados de estar vinculados al narcotráfico".