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Entre los denunciados se encuentra Oscar Borda, secretario de la rama Logística de Camioneros, quien al realizar el bloqueo habría concretado las amenazas que había hecho a mediados de octubre de 2012 a los propietarios de la empresa, quienes se presentaran en el Ministerio de Trabajo para tratar de evitar una resolución en la cual, finalmente, se dispuso que los empleados de Maxiconsumo debían continuar bajo el régimen de Comercio.

De la investigación judicial se desprende que las acciones de fuerza desplegadas "no incluyeron a trabajador alguno de la empresa a la que afectó la medida, sino que estuvieron encarnadas en personas identificadas con el Sindicato de Choferes de Camiones y lideradas por uno de sus dirigentes".

"Este tipo de medida coercitiva, diseñada para dañar seriamente y presionar así a la empresa para que acceda a las demandas, se trató del recurso al que echaron mano los imputados al no contar con el concurso de los reales trabajadores de Maxiconsumo que hubiesen dado entidad a la realización de un cese de actividades planteado de acuerdo a las normas que le dan sustento y validez en nuestro orden jurídico".

Es por ello que Mainardi, según la agencia oficial Télam, solicitó la indagatoria a Oscar Alejandro Borda, Blas Agustín Martínez, Pedro Orlando Machado, Rafael Arriola, José Luis Gordillo, Martín Demián Martín, José Carlos Lobrutto, Hernán Darío Giordano, Gabriel Marcelo Aparicio y Carlos Ambronosi, todos de comprobada presencia en la medida de fuerza.

Asimismo, la Fiscalía, dedica un párrafo al dirigente del gremio, Pablo Moyano, quien según los propios denunciados decidió la medida de fuerza. "Al momento de formular esta imputación, al menos en esta instancia de la causa, teniendo en cuenta que lo que define las características de delito penal que le atribuyo a los hechos denunciados (...) requiero las indagatoria solo de los nombrados, más allá de que del avance de la investigación surjan elementos que demuestren la responsabilidad de quienes ejercen la conducción del gremio en el diseño, decisión y modo de haber concretado las acciones aquí calificadas como delito".

Según entiende el fiscal, la medida "no es otra cosa que un bloqueo destinado a impedir la libertad de trabajar y ejercer el comercio que la Constitución le brinda no solo a la firma, a sus empleados sino también a quienes comercian con ella".

La causa pasó ahora a manos del juez Osvaldo Rappa, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 35, quien tendrá a cargo las declaraciones.