Domingo, 21 de abril de 2013 | Hoy
18:08 › 21 AñOS DESPUéS
La justicia brasileña encontró culpables a 23 policías por el asesinato de 15 de los 111 presos muertos durante un motín en la prisión de Carandirú en 1992. Fueron condenados a 156 años de cárcel cada uno, pero estarán en libertad hasta que la sentencia quede firme y sea avalada por un tribunal de alzada. "Quedó comprobado que hubo una masacre", celebró el fiscal.
La sentencia marca el final de la primera parte del juicio contra 79 policías por la peor masacre del sistema carcelario brasileño, ocurrida el 2 de octubre de 1992, cuando la policía reprimió con armas pesadas una pelea entre detenidos y mató a 111 presos. "Quedó comprobado que hubo una masacre. Nuestra preocupación era dejar constancia a nuestra población de que la vida no es descartable", explicó el fiscal Fernando Pereira, que celebró el fallo.
La abogada de los policías, Ieda Ribeiro de Souza, reveló que ya apeló la sentencia, leída en la madrugada de este domingo, porque "no refleja el pensamiento de la sociedad sobre lo que ocurrió en la prisión".
Hasta ahora únicamente había sido juzgado el coronel que encabezó el operativo, Ubiratán Guimaraes, condenado en el 2001 por un jurado popular a 632 años de prisión, aunque en el 2006 el Tribunal de Justicia paulista lo absolvió al anular el juicio anterior por fallas de procedimiento. Guimaraes fue asesinado meses después en su apartamento.
Los oficiales condenados, en su mayoría actualmente retirados, fueron hallados culpables de haber matado a 15 presos. Sobrevivientes de la matanza acusaron a la policía de haber disparado a internos que ya se habían rendido o se habían escondido en sus celdas. Las pruebas mostraron que la policía militar atacó a balazos a los reclusos y que se destruyeron evidencias de la masacre.
Los agentes que declararon en las audiencias relataron que, al adentrarse en el pabellón nueve, se encontraron con un ambiente extremadamente hostil y en penumbra, que no les dejó otra alternativa que abrir fuego. También alegaron que oyeron disparos supuestamente realizados por los presos, pero la acusación afirmó que la policía colocó trece armas de fuego en la escena del crimen posteriormente para justificar la matanza.
Uno de los sobrevivientes, Antonio Carlos Dias, dijo al tribunal que el número de muertos fue "muy superior" a la cifra oficial y denunció que se ocultó el asesinato de los presos que no fueron reclamados por familiares. La cantidad de muertos fue tan alta que los detenidos tuvieron que "escalar" una pila de cadáveres en el patio el penal, según el testimonio de Dias.
"Este juicio es un punto de inflexión", dijo el director de Amnistía Internacional (AI) para Brasil, Atila Roche. "Durante años, el retraso del procesamiento de los responsables de la matanza de Carandirú fue un capítulo oscuro para todo el país. Esperamos que ahora se termine la impunidad", añadió.
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