En el fallo resuelto el viernes pero dado a conocer el lunes por este diario, Gallardo consideró que el derecho al aborto no punible en casos de violación y de riesgo para la salud o la vida de la mujer embarazada "trasciende no sólo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sino también el nacional, ya que ha sido materia de pronunciamiento por los organismos internacionales competentes".

Por eso, el magistrado hizo lugar al pedido de la legisladora María Rachid, quien con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez pidió la inconstitucionalidad del veto de Macri. La Aseroría Tutelar General también había reclamado que el gobierno porteño se aboque a "remover todos los obstáculos que en la práctica impiden el acceso al aborto no punible".

La medida presentada por Rachid objetaba el protocolo de actuación elaborado por el ministerio de Salud porteño, que fijaba que a la hora de realizar un aborto se debía conformar un equipo interdisciplinario y ponía un límite de 12 semanas de gestación para practicarlo, entre otras restricciones.