Tanto Liendo Roca como Olmedo de Arzuaga habían sido sobreseídos en la misma causa anteriormente, pero la Sala V de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó sin efecto ese beneficio en 2012. Luego de esa decisión, el juez Molinari los procesó por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, figuras de menor relevancia que las vinculadas con las torturas y desapariciones de personas.

Por eso, la resolución fue apelada por organismos de derechos humanos y por el fiscal general subrogante Gustavo Gimena y, ante este pedido, la Cámara Federal Tucumana --integrada por Marina Cossio de Mercau, Ernesto Wayar y Ricardo San Juan-- respondió con la revocatoria.

Los organismos que apelaron sostuvieron que los exfuncionarios judiciales de alguna manera formaron parte del aparato represor que detuvo, torturó e hizo desaparecer a más de un centenar de santiagueños durante la dictadura. En ese sentido, el fiscal Gimena expresó en sus escritos que tanto Olmedo de Arzuaga como Liendo Roca habrían incurrido en los delitos de asociación ilícita, tormentos y privación ilegítima de la libertad.

El fiscal consideró que las personas detenidas por los grupos de tareas policiales y militares debían estar a su disposición pero, contrariamente, habrían contribuido con su aparente omisión a que se concretaran delitos de lesa humanidad.