El fiscal federal Juan José Baric pidió la indagatoria del intendente de 25 de Mayo, David Edgardo Bravo, a quien le imputa la “participación necesaria” en el delito de “trata de personas”. El jefe comunal ya tiene una condena a siete meses de prisión en suspenso por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en relación con los mismos hechos, pero la sentencia fue apelada hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.

Baric también pidió imputar por los mismos cargos al jefe comunal de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, quien también está procesado por los mismos cargos en otro caso, y la medida está apelada ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, tribunal de alzada de la justicia federal pampeana.

Además, el fiscal Baric imputó a los intendentes de las localidades de Macachín, Jorge Cabak, y de General Acha, Elena García, en ambos casos sospechados de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por la omisión de denunciar y perseguir la explotación de personas con presuntos fines sexuales.

Los intendentes cuestionados por el fiscal Baric tienen jurisdicción en una zona neurálgica de La Pampa, ya que se trata de lugares cercanos a las fronteras con las provincias de Neuquén y Río Negro, con fuerte influencia económica de las empresas petroleras radicadas en esos distritos.