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La resolución llega tras meses de incertidumbre en torno a la situación procesal de la infanta Cristina, cuya imputación había sido apelada por la Fiscalía Anticorrupción. El juez del "Caso Nóos", que tiene al marido de la infanta, Iñaki Urdangarín, como principal imputado por malversación de fondos públicos, deberá decidir ahora si aplica la llamada "Doctrina Botín", que permite a un imputado de delito fiscal evitar el juicio si no hay acusación pública o particular.

Existe jurisprudencia previa del Tribunal Supremo que establece que un imputado no será juzgado si sobre él solo recae una acusación popular, es decir, si en la acusación no está la Fiscalía o el afectado directo por el proceso. Y es lo que ocurre en este caso.

Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado ni Hacienda, que es la afectada, acusan a la infanta. Solo lo hace como acusación popular la organización Manos Limpias. Si se hubiera mantenido la acusación de blanqueo de capitales sí habría ido al banquillo.

"Existen precedentes de que esta acusación no estaría legitimada para seguir adelante", destacó el abogado Roca. Se refería a lo que en España se conoce como "doctrina Botín", que alude a un caso que tuvo como protagonista al fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín.

La decisión sobre el futuro judicial de la infanta Cristina vuelve a estar en manos del juez José Castro, que tiene que dictar la apertura del juicio oral. Si decide procesarla sin atender a la "doctrina Botín", su decisión será irrecurrible. Si la deja fuera, Manos Limpias podrá recurrir ante la Audiencia de Palma.