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La iniciativa propone la creación de una comisión bicameral, cuyo objetivo será crear un informe que pruebe la complicidad empresaria con la dictadura en el que se identifique a los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con el golpe de Estado, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza.

Para poder sancionar esta iniciativa, redactada por el diputado Héctor Recalde, fue convocado para el martes a las 16 un plenario que, se espera, tendrá un amplio consenso ya que lo respaldan miembros del Frente para la Victoria y el radicaliemo. De hecho, en la comisión de Peticiones, Poderes, y Reglamento, los bloques del FPV, UCR, FAP, y otras fuerzas firmaron el despacho y se introdujeron algunos cambios propiciados por legisladores radicales.

En esa ocasión expusieron querellantes de casos emblemáticos sucedidos en Acindar y Ford, y el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky, quienes relataron cómo algunos empresarios influyeron para que los militares apliquen un determinado plan neoliberal basado en el ajuste y la represión.

Recalde señaló que su proyecto apunta a "la búsqueda de memoria, verdad y justicia sobre el papel de los empresarios durante la última dictadura" y que “nada tiene que ver con los linchamientos; sino que es una investigación para saber quiénes colaboraron con la dictadura y desde qué empresas”.

“Esta iniciativa es un derecho a la defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad; porque busca que haya memoria, verdad y justicia”, remarcó el legislador. Recordó también que “con la complicidad de algunos de los representantes de las empresas, durante la última dictadura, la Comisión Asesora Legislativa ‘torturó’ algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo e hizo desaparecer otros”.