En principio, la decisión alcanza a los presos que cumplen condena en los pabellones A, B, C y D de la Unidad Residencial V del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. A partir del fallo, los detenidos deberán recibir todos los beneficios correspondientes, o sea, obra social, cobertura frente a accidentes, asignaciones familiares, agremiación, capacitación laboral.

El dictamen de los magistrados Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David señala que el trabajo no es una concesión sino un derecho, que rige en la Constitución Nacional, y cuyas condiciones deben ser dignas y equitativas en relación al resto de los ciudadanos. Los jueces también indicaron que, de la misma manera, si los presos reciben sanciones laborales pueden afectar las condiciones necesarias para el beneficio de la libertad condicional.

"No puede ser ajeno a la cuestión laboral carcelaria que enfrentar las inseguridades es combatir a la par la inseguridad civil y la inseguridad social", señala el fallo, según difundió Infojus. De acuerdo con cifras oficiales, sólo 8 de cada 10 presos tienen la posibilidad de acceder al derecho al trabajo en condición de detenidos.

El tribunal también ordenó que el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE), dependiente del Servicio Penitenciario Federal, redacte un régimen de trabajo para los personas que cumplen condena, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales. En la actualidad, según la Procuración Penitenciaria, la hora de trabajo en las cárceles se paga 22 pesos, por lo que los detenidos que acceden al derecho deben trabajar 200 horas mensuales para alcanzar el salario mínimo, vital y móvil de 4400 pesos.