Fernández afirmó que para la aprobación de la nueva agencia "no será necesario mayoría especial" del Congreso "sino mayoría simple" y subrayó que “no existe riesgo de mano de obra desocupada” una vez que sea disuelta esa dependencia. Asimismo, remarcó que las “críticas de toda la vida eran que las escuchas telefónicas judiciales estaban en mano del Poder Ejecutivo” y que “ahora que van en manos del poder jurisdiccional, la culpa la tiene una funcionaria”, en referencia a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de cuyo organismo, de acuerdo al proyecto de ley, dependerán las escuchas.