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Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, recordó, en declaraciones formuladas más temprano, que las fuerzas de seguridad "no tienen derecho a realizar huelga por una prohibición expresa que figura en el artículo 252 del Código Penal". "Las fuerzas policiales no poseen derecho a la huelga. Esto está prohibido por ley. Quienes ingresan a un cuerpo de seguridad saben que esas son las reglas del juego", agregó Fernández antes de ingresar a su despacho.

El Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA) reclama el derecho a la agremiación basándose en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que para sus integrantes "garantiza la organización sindical con la inscripción en un registro especial". "El policía está en la misma situación de sometimiento que el obrero del siglo XIX", sintetizó Lugones, para quien "el sindicato es el ámbito donde el policía honesto podría respaldarse", señaló Luis Alberto Lugones, representante legal del SIPOBA, agrupación que reclama su inscripción desde 1998.

Tras la negativa de los ministros Antonio Erman González en aquel entonces, y de su sucesora Graciela Camaño, en 2002, el SIPOBA acudió a la justicia laboral y, en octubre de 2010, la cámara del fuero, con los votos de María Margalejo y Juan Fernández Madrid y la disidencia de Oscar Zas, rechazó la demanda por considerar que la situación de los policías "no es asimilable" a la de otros trabajadores.

Un argumento similar esgrimió Ciaravino en la audiencia de la jornada al afirmar que la sindicalización "es incompatible" con la estructura vertical de las fuerzas de seguridad.

La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por su parte, ante la convocatoria de la Corte, emitió un dictamen en el que sostiene que "la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía" las garantías establecidas para los gremios.

En calidad de "amicus curiae", el diputado por el Frente Renovador Facundo Moyano, sostuvo ante los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco que "la sindicalización es un salto de calidad" para la seguridad de la ciudadanía. "Existe la necesidad de contar con un ámbito institucional para canalizar conflictos. En los reclamos adoptados hace un par de años por los policías de Córdoba y Buenos Aires se produjo una negociación sindical de hecho", sostuvo Moyano.