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La nueva agencia, un organismo autónomo, con autarquía económica financiera, tendrá como misión controlar y fiscalizar la Ley Nacional de Armas y Explosivos y elaborar políticas tendientes a reducir la cantidad de armas en la población civil.

María del Carmen Bianchi (FPV), quien defendió el proyecto en nombre del oficialismo, afirmó que "la política de desarme representa un eje de la intervención del Estado en el mercado de armas".

El radical Luis Petri, por su parte, expresó que el bloque de la UCR acompañaría el proyecto con algunas disidencias, en tanto Pablo Javkin (CC-ARI) adelantó el "visto bueno" al proyecto antes de la votación y dijo estar "totalmente de acuerdo" con "recuperar el control" del mercado de armas.

Alicia Ciciliani (PS), al manifestar su respaldo a la iniciativa oficial recordó que de los 2 millones de armas de fuego que hay en el país, solo "un poco más de 1 millón están registradas".

A la hora de la votación, los diputados de izquierda Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, del PTS, optaron por la abstención.