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La decisión judicial llega dos días después de las elecciones regionales que otorgó carácter de plebiscito sobre la independencia de España, tras no haber podido celebrar el año pasado un referéndum de verdad como Mas pretendía.

Junto a Mas fueron imputadas la entonces vicepresidenta, Joana Ortega, que compareció durante aquella jornada para dar datos de participación como si de una votación oficial se tratara, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, de la que dependían escuelas usadas como centros de votación. Declararán dos días antes que Mas.

Para el gobierno catalán, se trata de un "juicio político" y una "anomalía democrática". "Tenemos la plena convicción de que no se ha hecho nada ilegal", aseguró la actual vicepresidenta, Neus Munté.

En tanto, el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, desveló que el TSJC decidió imputar a Mas antes, pero el anuncio se postergó hasta ahora para no interferir en las elecciones catalanas del domingo.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, organizaciones secesionistas de la sociedad civil que tienen a exmiembros en esa candidatura electoral, creen que la imputación contra Mas no se trata de "un hecho aislado" y acusaron al Estado español de "negar el derecho de los ciudadanos de Cataluña a expresarse".

Artur Mas quiso celebrar el 9 de noviembre un referéndum de autodeterminación pero el gobierno de Mariano Rajoy lo recurrió al Tribunal Constitucional, basándose en que solo el Ejecutivo nacional puede convocar consultas según la Constitución. La Corte suspendió el referéndum y Mas anunció una consulta simbólica el mismo día con las mismas preguntas, pero sin censo previo ni medidas de supervisión y control.