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Enterado del hecho, el impulsor de la independencia de Cataluña y presidente de la región, Artur Mas, consideró que "es muy evidente que mi partido y yo somos objeto de caza mayor" y calificó a las detenciones como "una exageración y sobreactuación no ajenas al momento que vive Cataluña".

Durante una conferencia en el Palacio de la Generalitat -sede del Ejecutivo regional que fue allanada por la Justicia- reitero su confianza en la gestión de las finanzas de CDC y se ofreció para comparecer en el parlamento regional esta misma semana para explicar las adjudicaciones públicas bajo sospecha.

Viloca, tesorero de CDC y administrador de la Fundación Catalanista y Demócrata (CatDem) -vinculada con el partido-, está acusado de mediar en el cobro de comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones de obras publicas en administraciones gobernadas por los nacionalistas catalanes y por las que también fue detenido el director general de Obra Pública, Josep Antoni Rosell, y siete empresarios que supuestamente habrían pagado las comisiones ilegales de un 3 por ciento al partido.

Los agentes arrestaron al tesorero Viloca en su domicilio y lo trasladaron hasta la sede central de CDC, en la calle Córsega de Barcelona, donde hicieron un allanamiento. Luego concretaron otro en la sede del organismo de Infraestructuras del gobierno catalán, en los ayuntamientos de Olot y Sant Fruitós de Bages, y en varias empresas de construcción implicadas en la trama, entre ellas Tec4, Rogasa, Copisa y el Grupo Soler.

El operativo policial es la continuación de uno que tuvo lugar a fines de agosto, poco antes del inicio de la campaña electoral de cara a los comicios regionales del pasado 27 de septiembre, que fueron planteados como un plebiscito sobre la secesión y en los que venció la lista independentista Junts pel Si (Juntos por el Sí), promovida por Artur Mas.

El análisis de la documentación incautada en aquella ocasión en las sedes de CDC y de CatDem derivó en esta nueva fase de detenciones y registros.