El 7 de octubre pasado, la Unidad Fiscal a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA había ratificado, también a pedido de Interpol, los pedidos de detención denominados como “alertas rojas” que pesan sobre los ciudadanos de la República Islámica de Irán sospechados de haber planificado el ataque, ocurrido en 1994.

“Reafirmamos que se mantiene vigente e incólume el interés de este Ministerio Público Fiscal tanto en el mantenimiento de las notificaciones rojas como en que, en el marco de la organización política internacional, se extremen los recursos y esfuerzos para averiguar el paradero de los imputados”, dictaminó en su momento la Unidad Fiscal.

De esa forma, la UFI-AMIA respondió al pedido de ratificación de las alertas rojas para la detención de Alí Fallahijan, ex jefe del servicio secreto acusado de coordinar las tareas para la concreción del atentado; Moshen Rezai, supuesto partícipe en la fase de implementación del ataque, y Mohsen Rabbani (foto), señalado como “principal responsable de la logística local”. El escrito había sido remitido al juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, con una copia en papel y en formato digital del dictamen de 801 páginas emitido el 25 de octubre de 2006 para que lo presentara ante Interpol.

“Ningún análisis sobre la situación de los imputados puede realizarse sin un estudio integral y pormenorizado de las consideraciones y elementos de prueba que surgen del dictamen que emitió esta Unidad Fiscal en 2006”, fundamentaron en su escrito Roberto Salum y Sabrina Namer, funcionarios judiciales a cargo de la UFI-AMIA.