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El decreto en cuestión crea, además, el gabinete de Seguridad Humana, que tendrá a su cargo coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la emergencia, y autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad.

El Ministerio de Seguridad, además, celebrará un convenio con el Poder Judicial con el fin de interconectar el sistema de información de la justicia nacional con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Asímismo tendrá que establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras.

A partir de la norma, se crea el “Operativo Fronteras”, que reemplaza al “Escudo Norte” con carácter permanente, y se adopta en forma inmediata las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el “eficiente control” fronterizo.

También dispone el levantamiento del secreto militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014.

El exministro de Defensa, Agustín Rossi, en su momento se opuso a la eventual ley de derribo de aviones que propiciaban distintos sectores opositores como parte de la lucha contra el narcotráfico –en línea con la política estadounidense de incluir a las Fuerzas Armadas en temas internos de seguridad– y que abarcaba tanto al massista Frente Renovador, al PRO y como la UCR. “Significaría pena de muerte sin juicio previo”, afirmó Rossi, en aquella oportunidad, en noviembre de 2013, cuando aseguró que el 95 por ciento de las rutas aéreas de la Argentina ya estaban radarizadas.

“Estoy en contra. La ley de derribo tiene varias falencias, desde el punto de vista de nuestra estructura jurídica y del derecho penal. La ley significaría pena de muerte sin juicio previo”, contestó Rossi en una entrevista radial al ser consultado si estaba a favor o en contra de los proyectos de ley de derribo de aviones que habían presentado los diputados Francisco De Narváez, la macrista Gabriela Michetti y el radical Ricardo Alfonsín, a cuya idea también se sumó Sergio Massa.