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Rodríguez Vidal se pronunció en la causa iniciada por el abogado Denis Pitté Fletcher, quien objetó la forma en que Macri designó en la Corte a Rosenkrantz y a Rosatti y pidió una medida cautelar para frenar esos nombramientos. La jueza citó doctrina para afirmar que la designación de jueces de la Corte es una "atribución decididamente política y el Presidente puede ejercerla bajo parámetros discrecionales en la apreciación de las calidades jurídicas y la cosmovisión que el candidato sustenta acerca de las políticas globales -y no partidarias- requeridas para el cumplimiento cabal de la Constitución".

La magistrada rechazó la medida cautelar, pero en sus argumentos adelantó su criterio en cuanto al fondo del cuestionamiento. Pitté Fletcher argumentó que el artículo de la Constitución al que apeló Macri se refiere a cobertura de "empleos vacantes" cuando el Congreso está en receso, pero no a los jueces de la Corte, pues, para ello, hay un procedimiento especial que contempla la participación ciudadana. "No se controvierte que las vacantes existen, ni que el Congreso se encuentra en receso. La limitación que plantea (el abogado) en lo atinente a que esos ‘empleos’ son solo aquellos dependientes del Poder Ejecutivo, no resulta atendible, pues esa restricción no surge en términos claros y precisos de la lectura de la norma constitucional", replicó la jueza.

Además, advirtió que en el futuro "podrán cancelarse las designaciones efectuadas, lo que de hecho ocurrirá de no obtener Rosenkrantz y Rosatti el acuerdo expreso del Senado, o al vencimiento de las sesiones de la Legislatura".

Rodríguez Vidal también descartó que se le privara a Pitté Fletcher de participar en el proceso de designación de los jueces del máximo tribunal, tal como lo prevé el Decreto 222/03, firmado por el expresidente Néstor Kirchner para transparentar la conformación del Alto tribunal.

"El trámite que regula este Decreto ya fue iniciado por el Poder Ejecutivo y se encuentra en pleno proceso de cumplimiento habiendo finalizado, a la fecha de la presente, los plazos para la presentación de objeciones y adhesiones a los candidatos", contrapuso la magistrada. "Esta circunstancia tornaría por sí sola abstracta la medida cautelar que se pretende, pues la parte no se ha visto privada de ejercer el derecho a formular impugnaciones", concluyó.

En otro expediente, la misma jueza había rechazado habilitar la feria judicial, que finalizó hoy, para tratar un planteo del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP) contra el Decreto 85/2015 que designó a los dos juristas.