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La presentación judicial fue patrocinada por los abogados Jorge Cholvis y Graziana Peñafort y alcanza, además, al jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; al ministro de Defensa, Julio Martínez; el de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; del Interior, Rogelio Frigerio y de Seguridad, Patricia Bullrich.

La causa quedó radicada en el juzgado federal 4 de Ariel Lijo, quien deberá decidir sobre los próximos pasos. Barcesat solicitó que, "por hallarse reunidos los requisitos del artículo 294 del Código Procesal Penal", se convoque a prestar declaración indagatoria a los denunciados.

En la denuncia se recuerda que "el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo", al tiempo que añade que "no puede dubitarse que se trata de materia penal".

"Nada impedía o inhabilitaba al Poder Ejecutivo Nacional de convocar al Congreso de la Nación a período de sesiones extraordinarias, para tratar un proyecto de ley", subrayaron los letrados e interpretaron: "Se trata, como en toda la catarata de DNU emitidos desde el inicio del actual Gobierno Nacional, de sortear la intervención del Poder Legislativo, estableciendo un mecanismo autoritario y una política de 'hechos consumados'".

El artículo de la Carta Magna citado por Barcesat establece que "el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna".

"Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria", señala en su último párrafo el artículo 29 de la Constitución, citado en la denuncia.

La denuncia también alude al anunciado "derribo de 'vectores incursores declarados hostiles'" del DNU 228/2016 y sostiene que "introduce subrepticiamente en nuestra legislación la pena de muerte; de tipo penal abierto y sin forma alguna de debido proceso judiciario".

Según los abogados, el decreto está "en clara violación del texto constitucional y de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y de la Convención Americana de Derechos Humanos".