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Los vecinos del Barrio Nueva Esperanza inciaron un acampe frente a la municipalidad de Merlo para reclamarle al gobierno local y al provincial de María Eugenia Vidal la apertura de una mesa de diálogo para solucionar su reclamo de una "vivienda digna". La toma se realizó en los días previos a las elecciones de octubre y se prometieron soluciones tras la realización de un censo, pero el mes pasado las 2000 mil familias fueron desalojadas por un operativo policial.

El acampe, por tiempo indeterminado, se realiza en la Plaza 25 de Mayo de la localidad del conurbano bonaerense en respuesta a "la ausencia de diálogo por parte del municipio de Merlo, encabezado por Gustavo Menéndez, y del gobierno bonaerense de Maria Eugenia Vidal. Exigimos soluciones para garantizar el derecho a la tierra y la vivienda para miles de familias que quedamos en la calle", denunció a través de un comunicado del Frente Popular Darío Santillán.

"Hoy no existe política habitacional que incorpore a los más humildes de nuestro pueblo. Entendemos que los gobiernos provinciales, municipales y nacional tienen responsabilidad sobre la situación de emergencia social en la que nos encontramos las miles de familias en la provincia de Buenos Aires a quienes se nos niega el derecho a acceder a una vivienda digna", afirmó Anahí, delegada del barrio.

Los vecinos denunciaron que cuando fueron desalojos con topadoras por la Policía Bonaerense estaba vigente una prórroga judicial de 180 días que impedía la expulsión de las dos mil familias del terreno de 60 hectáreas y convocaba a una mesa de diálogo. Pero el Juzgado de Garantías Nº 4 que había firmado la resolución a favor de los vecinos, se desdijo horas después y autorizó el desalojo.

A pesar de las contramarchas, los desalojados indicaron que en estos cuatro meses han dado muestras de su "voluntad de dialogo para hacer frente a la necesidad de vivienda", y enumeraron las presentaciones que realizaron en diferentes dependencias municipales y provinciales, como en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia Buenos Aires, la legislatura Provincial y la Subsecretaria de Derechos Humanos de Merlo.

"Proponemos trabajar en el marco de la ley nacional de acceso justo al hábitat, ley 14.449, la cual propone la articulación entre el Estado, el sector privado y sociedad civil, para garantizar soluciones definitivas a la necesidad de vivienda de las familias de la provincia de Buenos Aires", señalaron.