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La Unidad Fiscal que investiga el atentado a la AMIA (UFI AMIA) pidió al Gobierno nacional acceder a todos los archivos de inteligencia vinculados a la pesquisa por el atentado terrorista contra la mutual judía ocurrido el 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos.

"Funcionarios han afirmado conocer detalles cruciales que no podrían compartir en razón del deber de secreto que lo impediría", sostuvo la Unidad Fiscal AMIA en el oficio enviado al presidente de la Nación, Mauricio Macri con el pedido de desclasificar la información.

El requerimiento abarca no sólo desclasificar la información de la Agencia Federal de Inteligencia (ex Side) sino también el acceso a las demás áreas del Gobierno que hayan de alguna manera intervenido en la investigación y guarden información.

El planteo se hizo mediante el envío de un oficio a la Presidencia, algo que también se hizo a las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación con pedidos para relevar la posible existencia de información vinculada a la investigación en sus archivos. En el ámbito legislativo funcionó una Comisión Bicameral de Seguimiento de la investigación del atentado cometido a la sede de la mutual judía de Pasteur 633 que en distintas etapas recibió a investigadores judiciales, pidió informes y realizó todo tipo de gestiones.

"Corresponde así postular la máxima restricción del alcance del secreto respecto de toda la información, actividad, documento, persona o banco de datos relativo a los hechos cuyo conocimiento son competencia de esta Unidad a fin de permitir el empleo, escrutinio y publicidad más amplio posible, a la luz del derecho de la sociedad, aún postergado, a perseguir y obtener justicia", consideraron los fiscales de esa unidad, Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini.

En el oficio se pidió al gobierno nacional que "instruya a todas las áreas del Poder Ejecutivo" para que informen a la UFI AMIA "la metodología empleada en los procesos de relevamiento concluidos hasta aquí", según el texto del escrito enviado a la Presidencia. Los investigadores pidieron que, también, Cancillería permita el acceso a la información que haya en su sede y en otras sedes diplomáticas, inclusive datos aportados por agencias de inteligencia y de seguridad del exterior.