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El documento de la Universidad Católica Argentina analizó el "mayor riesgo de subocupación y empobrecimiento" que enfrentan los sectores informalizados, sobre los que describe entre "el 30 por ciento de los hogares que para subsistir además realiza trabajos de indigencia reciben algún tipo de ayuda social" y otros miles de "microempresas informales y emprendimientos familiares".

El Observatorio resalta que la "amplia capa de trabajadores asalariados precarios, trabajadores independientes no profesionales, pequeños comerciantes y trabajadores eventuales" carecen de visibilidad y de representación política por lo que no "han sido objeto de una especial protección social frente a la situación crítica generada por la caída del consumo, el aumento de los precios y el mayor riesgo de despido o caída de la actividad".

De esta manera, el informe de la UCA advierte que a estos sectores de la población "no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumentos en los programas sociales".

"Es esta masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares los que constituyen los 'nuevos pobres' que emergen de medidas 'normalizadoras' adoptadas por el actual gobierno", sentencia el Observatorio.

El estudio detalló que "a fines de 2015, sólo 43 por ciento de los activos poseían un trabajo asalariado o no asalariado con calidad plena de derechos laborales (8,3 millones de trabajadores), 31,9 por ciento poseían un empleo precario (6,2 millones), 15,6 por ciento realizaban actividades de escasa remuneración, alta inestabilidad o eran beneficiarios de políticas de empleo (3 millones) y 9,4 por ciento se encontraban desocupados (1,8 millones)". "En total, más de 10 millones de personas sufrían problemas de empleo", calcula el documento.

La UCA puntualizó que "la persistencia de un amplio sector micro-informal (dueños y asalariados de pequeñas empresas, cuentas propias no profesionales, trabajadores domésticos o familiares), en la estructura productiva constituye uno de los mayores inconvenientes en el mercado de trabajo por sus características de reducido nivel de productividad y retribuciones".

Respecto de la situación económica, el informe sostiene que "los desajustes estructurales acumulados constituyen una herencia de mucho peso", pero "el problema puede agravarse si hay un error de diagnóstico o una equivocación en la elección de las políticas, por mucho que la decisiones estén bien intencionadas".

El informe coordinado por Eduardo Donza y Agustín Salvia, que fue difundido hoy a la prensa, subrayó que el gobierno saliente optó por consumir activos financieros, productivos, energéticos, ambientales, sociales, intelectuales y políticos con el fin de mantener una situación social no conflictiva" y advirtió que al gobierno de Macri que "muy rápidamente pueden sumarse miles de nuevos pobres si el derrame o las medidas de protección social tardan más de lo previsto, resultan débiles o no llegan".

El informe lanzó una fuerte crítica a los "empresarios empoderados", que "pudieron, una vez más, protegerse frente a la incertidumbre. Entre otros abusos, aumentaron precios antes, durante y después de la devaluación, así como incluso después del ajuste de tarifas, aun a pesar de la caída del consumo y la creciente recesión". Y describe que "la estanflación especulativa ha seguido siendo la moneda de cambio de un empresariado nacional con escasa gimnasia capitalista".

"Es una tarea urgente del gobierno atender a los sectores más vulnerados por la transición, proteger el empleo actual y activar políticas de empleo con plenos derechos", resume.