El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió una investigación independiente sobre la violencia que dejó 10 muertos y más de un centenar de heridos en Oaxaca, sureste de México, durante la protesta de maestros que se oponen a una reforma educativa. El gobierno de Enrique Peña Nieto, entretanto, anunció la apertura de diálogo con los docentes pero advirtió que mantendrá su reforma.

El Alto Comisionado condenó en un comunicado la violencia y señaló que el uso de la fuerza como último recurso por parte de uniformados debe "sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando violaciones al derecho a la vida e integridad física". El texto recordó la pertinencia de contar con una "ley general sobre el uso de la fuerza que sea aplicable a todas las fuerzas de seguridad" y pidió una "investigación independiente, pronta, exhaustiva e imparcial" de los actos de violencia.

El domingo, en el poblado Nochixtlán de Oaxaca se desató una batalla campal, con intercambio de disparos, después de que 800 policías federales y estatales desalojaran los cortes de ruta que mantenían los afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sus simpatizantes, quienes se oponen a la reforma educativa impulsada por el presidente Peña Nieto.

Según las autoridades, ocho personas murieron en Nochixtlán, siete de ellas por heridas de bala y otra más cuando se accionó un artefacto explosivo que manipulaba.

Según el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, los uniformados acudieron sin armas de fuego a la protesta civil, pero tuvieron que retroceder y regresar armados luego de ser acechados por unas 2000 manifestantes "radicales", algunos de ellos armados.

La Policía Federal reconoce que los disparos no provinieron de los maestros, mientras que la CNTE los atribuye a "infiltrados" y acusó a los policías de "disparar sin piedad".

Por otro lado, otros dos hombres, entre ellos un periodista gráfico que captó imágenes de saqueos en otra protesta, fueron ultimados a balazos por desconocidos en la población de Juchitán.

La reforma educativa, en vigor desde 2013 y que requirió una modificación constitucional, estipula que las plazas de maestros serán asignadas por el gobierno y no por el sindicato, como ocurría hasta ahora, y contempla evaluaciones a los docentes, a lo que se opone la CNTE, inclusive obstaculizando las pruebas.

La CNTE, una fracción disidente del Sindiacto Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), uno de los gremias más grandes de Latinoamérica, con 1,5 millones de afiliados y presente en las 33 entidades que conforman México, confirmó el encuentro con el gobierno pero su vocero, Eligio Hernández, advirtió en declaraciones a la cadena Televisa que no dialogarán ni con el secretario de Educación, Aurelio Nuño, ni con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué.

La CNTE, que legalmente no ha conseguido separarse del SNTE, tiene fuerte presencia en Oaxaca, Chiapas (sureste), Guerrero (sur), Michoacán (oeste) y en parte de Ciudad de México, distritos donde se han registrado numerosas manifestaciones.