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El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, confirmó ayer la decisión del Gobierno de realizar cambios en el sistema de riesgos de trabajo. De todas formas, el funcionario consideró que el sistema sancionado en 1995, en pleno auge flexibilizador, “dio previsibilidad a los trabajadores, a los empresarios y al Estado”. El esquema celebrado por el titular de la cartera laboral recibió veinticinco tachaduras de inconstitucionalidad, entre otros aspectos, por la miserabilidad de las indemnizaciones. La necesidad de una reforma integral de la legislación que creó las ART fue instalada en 2004, tras un fallo de la Corte Suprema, pero quedó empantanada hasta 2012 cuando el kirchnerismo impulsó una serie de modificaciones a la ley. A pesar de las mejoras provistas por esos cambios, como el incremento y la actualización automática de las indemnizaciones, persisten profundos cuestionamientos desde el sindicalismo y los abogados laboralistas al sistema de prevención de accidentes creado durante el menemismo. Sin embargo, los lamentos más potentes provienen del sector patronal. Los cambios promovidos por el gobierno de Mauricio Macri están en sintonía con el histórico reclamo de las cámaras empresarias como la Unión Industrial y las aseguradoras nucleadas en la UART: terminar con la litigiosidad, minimizar riesgos y bajar costos.

“La siniestralidad de la industria manufacturera se mantuvo casi al mismo nivel de 1997, mientras la cuota pactada creció 3097 por ciento”, afirmó el directivo de la UIA y legislador por el Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, al advertir sobre un supuesto incremento en los juicios iniciados por los trabajadores accidentados. “Hay que ocuparse de disminuir la litigiosidad para que el sistema funcione de manera correcta”, fue el compromiso expresado ayer por el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, quien estimó que existen en marcha 300 mil juicios. Las declaraciones de ambos fueron realizadas durante un evento donde se celebraron los 20 años de vigencia del sistema que permitió que los empresarios se deshagan del riesgo, a la vez que su cobertura se transformó en un negocio rentable para las compañías de seguro dejando de lado la política de prevención de riesgos del trabajo.

Los cambios aprobados en 2012 permitieron aumentar los montos de las indemnizaciones, terminaron con los techos para las compensaciones, establecieron su actualización automática, acortaron los plazos para cobrar y algunas incluyeron dolencias extendidas como las hernias y lumbalgias. Además, en línea con un histórico reclamo patronal, se eliminó la posibilidad de recurrir a la Justicia para reclamar por la diferencia entre lo que paga el sistema y el monto que el trabajador considera que “debería” percibir. En su lugar, estableció una “opción excluyente” entre el sistema y la Justicia civil.

El fin de semana pasado el ministro Triaca ya había anticipado la decisión de modificar el sistema: “Pese a que se redujeron los accidentes, aumentó la litigiosidad y eso afecta a las empresas porque las ART deben aumentar los costos de cobertura que les cobran. Entonces, hay que reducir la litigiosidad que afecta el costo de los empresarios”, lanzó el funcionario. Para eso, uno de los ejes de los cambios propuestos por Trabajo es el traslado de las controversias judiciales del fuero Laboral al de la Seguridad Social. Además se pretende restaurar la obligatoriedad de que, antes de iniciar un reclamo judicial, los trabajadores recurran a las Comisiones Médicas que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema.

“Todas las reformas tuvieron como objetivo reducir el problema de la litigiosidad. Mientras no se encare el problema de que el operador del sistema tiene intereses opuestos con las víctimas nunca se va a poder solucionar”, advirtió Luis Ramirez, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, en diálogo con Página/12. Desde su perspectiva, ni la transferencia al fuero de la Seguridad Social ni la reinstalación de las cuestionadas Comisiones Laborales permitirán reducir la litigiosidad de un sistema que, por ejemplo, contempla un restringido listado de patologías y arrastra inequidades en el esquema de cálculo de las indemnizaciones. “Pasar al fuero de la Seguridad Social puede ser un paso intermedio para liberar a empleadores de responsabilidad de accidentes como era la idea original del sistema de riesgos de trabajo y además busca desplazar las causas de un fuero que, a pesar de todas sus limitaciones, tiende a proteger a los trabajadores”, advirtió el abogado laboralista y docente, Gustavo Ciampa.