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El fiscal federal Federico Delgado pidió la citación a indagatoria para la monja Celia Aparicio del convento de General Rodríguez, quien aparece en el video difundido ayer, a María Amalia Díaz, esposa del exsecretario de Obras Públicas José López, y a dos empresarios ligados a la obra pública: Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez como cómplices de enriquecimiento ilícito.

La citación para la monja está vinculada con el video difundido ayer en el que se ve a la mujer ayudando al detenido exsecretario a ingresar al convento con los bolsos con casi 9 millones de dólares. En tanto, sobre la religiosa más anciana del convento, la Madre Alba, Delgado entendió que tiene responsabilidad en los hechos pero pidió que se le realicen exámenes médicos para determinar si puede ser sometida a una causa judicial.

El dictamente presentado esta mañana y que deberá resolver Rafecas contiene un entramado que supera lo ocurrido aquella noche al pedir la citación como cómplices al contador Galera y a Gutiérrez, dueño del Grupo Farallón. Según Delgado, estos dos empresarios junto con López "conformaron un verdadero triángulo en el cual se confunden sus patrimonios", por lo que los señaló como supuestos testaferros del exfuncionario.

Delgado indica que los dos supuestos cómplices "han acrecentado su fortuna por sus lazos estrechos con el Ministerio de Planificación Federal y la Secretaría de Obras Públicas" y graficó a la casa de López en Dique Luján como la condensación de "los negocios privados y públicos" del exsecretario de Obras Públicas.

Para el fiscal el detenido es el real dueño de la propiedad y simuló ser un inquilino amparado por los dos nuevos imputados en la causa. Galera, que ya está imputado en la reabierta causa por pago de sobornos por parte de la empresa sueca Skanska, figuró hasta 2010 como el dueño del terreno donde se edificó la casa que supuestamente alquilaba López. En ese año, Galera se la vendió a Gutiérrez, pero los movimientos en los papeles de titularidad de la propiedad "no se compadecen con la realidad".

Delgado sostiene que el arquitecto que refaccionó y amplió la vivienda entre 2009 y 2011 declaró que siempre le pagó Galera, quien nunca vivió ahí. Mientras que Gutiérrez figuraba como dueño de la casa pero nunca residió en ella ni efectuó un solo pago referido a la propiedad: algo que sí hicieron López y su esposa.

"Estos vínculos permiten sospechar que Galera y Gutiérrez eran los propietarios aparentes de la casa de Dique Luján. López era el verdadero dueño", concluyó el fiscal.

Galera está sospechado de haber ejercido como contacto entre empresarios y el Ministerio de Planificación para las licitaciones de obra pública que se sospecha eran direccionadas. "Es decir, obtenía ilegalmente dinero, porque ofrecía en el mercado su cercanía a López, ya que esa cercanía la podía transformar en asignación de obras públicas a cambio de dinero", conjeturó Delgado.

Ya en la causa Skanska se le allanó el estudio contable en el 2009 y se encontraron facturas a nombre del Ministerio por parte de una empresa "Howler SA" ligada a su persona. Delgado recordó que una investigación periodística aludió a su rol de presunto "valijero" y lo ubicó en Tucumán supuestamente pidiendo retornos para adjudicar obra en esa provincia.

Sobre Gutiérrez, dueño del "Grupo Farallón", Delgado apuntó que durante el kirchnerismo se adjudicó, por ejemplo, la construcción de viviendas del Plan Pro.Cre.Ar. en Tigre y San Nicolás y la pavimentación de la ruta provincial 41.

"Todo confluye en López. López no se enriqueció por casualidad, sino por el ejercicio de la función pública", resumió Delgado.