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Trabajadoras y trabajadores de la Dirección General de la Mujer del gobierno porteño denunciaron la situación crítica en la que se encuentra el área, de la que depende la atención a mujeres víctimas de violencia machista. La señal de alerta la dieron durante una reunión con la diputada porteña y presidenta de la Comisión de Mujer de la Legislatura, Andrea Conde, donde detallaron que hubo “una drástica reducción de personal” –la planta disminuyó un 50 por ciento entre 2007 y 2015–, situación a la que se suma “una escasa difusión” de sus servicios y programas, “problemas de infraestructura y mantenimiento” y la falta de equipos interdisciplinarios para abordar las problemáticas complejas de las que se ocupa el sector.

“En la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto destinado a prevenir y erradicar la violencia de género representa el 0,06 por ciento del presupuesto total, una verdadera desestimación del problema”, advierte el pedido de informes que presentó en la Comisión de la Mujer el diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Marcelo Ramal, para que el Ejecutivo a cargo de Horacio Rodríguez Larreta dé precisiones sobre la situación de la Dirección de la Mujer. El pedido sería firmado hoy por legisladores de un amplio arco político que forman parte de la Comisión, para llevar el tema al recinto después del receso de invierno.

El área de la Mujer del gobierno de la Ciudad fue creada en 1989, aunque fue variando su rango, visibilidad e importancia a lo largo de los años. Actualmente, es una Dirección que depende de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Sus principales actividades son las de promoción, prevención y asistencia a víctimas de violencia de género, violación, trata y abuso y maltrato infanto-juvenil, salud mental para mujeres y atención a hombres violentos.

“Se adoptó la política de no cubrir los cargos vacantes cada vez que el plantel se reducía por jubilación, transferencias, licencias sin goce o retiros voluntarios. Como resultado, hoy la Dirección cuenta con la mitad de los trabajadores que tenía en 2007. Pasamos de ser 500 en 2007 a sólo 280 en 2016. Esto repercute directamente en la cantidad y calidad de las prestaciones que ofrece el organismo”, explicó la Silvana Temer, psicóloga que trabaja hace 26 años en el área y coordina el programa de prevención de “Noviazgos violentos”.

También denunciaron que es “crítico” el estado de la Central de Llamadas, un 0800 que funciona las 24 horas del día y que tiene cuatro líneas que brindan asistencia telefónica a violencia de género, llamados de abuso y maltrato infanto-juvenil, salud, y delitos contra la integridad sexual como violación. “Además de que la línea no tiene la difusión necesaria en la población, actualmente sólo quedan 23 operadoras para atender las cuatro líneas de la central en todos los turnos, las 24 horas, los 365 días del año. Son sólo seis operadoras por cada línea. Como resultado, cada vez se logran atender menos llamados”, explicó durante la reunión, Silvia Parisi, coordinadora de uno de los Centros Integrales de la Mujer (CIM), que dependen de la Dirección.

“El doble discurso y la hipocresía del macrismo son evidentes en relación a las políticas de género. Mientras se sacan fotos en la marcha de Ni Una Menos, están vaciando políticas públicas que garantizan que las mujeres puedan tener una vida libre de violencia en la Ciudad”, dijo a Página/12 la diputada Conde.

De la Dirección General de la Mujer dependen los siete CIM, que constituyen el dispositivo de atención de casos de violencia de género en territorio, junto con cuatro casas convivenciales: un refugio para víctimas de violencia de género y sus hijos/as, uno para víctimas de trata, una casa de medio camino y un hogar para madres adolescentes embarazadas y sus bebés en situación de vulnerabilidad. Muchos de ellos están funcionando en locales precarios con carencias edilicias muy grandes, desde goteras y vidrios rotos hasta falta de calefacción. Asimismo, por la falta de personal, no cuentan con equipos interdisciplinarios que puedan llevar adelante abordajes integrales para las problemáticas complejas que reciben a diario, contaron las trabajadoras. A fines de 2015 fue sancionada por la Legislatura la Ley Nº 5466 que dispuso la creación de al menos un CIM por comuna, pero todavía no se reglamentó.

“En una ciudad que fue pionera en la lucha contra la violencia de género y la primera en contar con una línea de atención gratuita, el PRO no sólo no cumple con garantizar la ley que obliga a tener un centro estatal de atención a mujeres por comuna, sino que reduce personal y mantiene en condiciones precarias a los hogares y casas de medio camino. Esto resulta en que miles de mujeres no puedan contar con la asistencia y seguimiento necesarios para poder salir de la violencia machista”, manifestó Conde luego de la reunión.