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Ante un pedido del juez Sebastián Casanello, la Unidad de Información Financiera (UIF) –que depende del Presidente– informó que Mauricio Macri “conformaría” el directorio de la empresa Kagemusha, que está radicada en Panamá, una de las guaridas fiscales en las que aparecieron sociedades vinculadas a funcionarios del gobierno nacional. Kagemusha es una de las firmas offshore en que figura Macri y se descubrió luego de que la filtración global de los Panamá Papers revelara su participación en otra empresa, Fleg Trading, en las Islas Bahamas. En la información que remitió al magistrado, la UIF advierte que la empresa Kagemusha fue creada en 1981 y sigue vigente.

Al llegar a la Presidencia de la Nación, Macri designó en la Unidad de Información Financiera a Mariano Federici, quien trabajaba para el Fondo Monetario Internacional y estaba ligado a un estudio de abogados que litigaba contra la UIF en nombre del JP Morgan y el Grupo Clarín. También designó a María Eugenia Talerico, quien era abogada defensora del Banco HSBC en causas por lavado de dinero, y a Celeste Plée, quien era abogada defensora del banco Masventas S.A., investigado por la UIF. Con esos antecedentes, quizás no sorprenda la tibia respuesta, plagada de condicionales y advertencias sobre el uso de la información, de los funcionarios de la UIF a la requisitoria del juez en la causa por las Panamá Papers.

Casanello investiga si Macri cometió el delito de omisión maliciosa al no incluir esas sociedades offshore en sus sucesivas declaraciones juradas como funcionario público. También podrían sumarse otros delitos, como lavado de dinero, algo sugerido por el fiscal Federico Delgado cuando impulsó la acción penal contra el Presidente.

La información sobre Kagemusha fue revelada por este diario y otros medios de comunicación luego de que se conocieran los primeros datos de los Panamá Papers, ya que la empresa figuraba en el Registro Público de Panamá. Casanello envió exhortos a Panamá, entre otros países, pero todavía no recibió respuesta. No se trata de países que se caractericen por su voluntad para responder sobre cuentas bancarias y empresas offshore.

Varios meses después de que se hiciera público el vínculo del Presidente con esas empresas instaladas en paraísos fiscales, la UIF envió documentación al juez Casanello que corrobora todo lo publicado. En la documentación se precisa que Kagemusha fue creada en 1981 y permanece activa. El titular de la empresa radicada en Panamá es el padre del actual Presidente, el empresario Franco Macri, y en el directorio figura también un hermano del mandatario, Gianfranco Macri. Kagemusha se encuentra activa, aunque según detalla el reporte está “en la lista de sociedades con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales”.

Pese a estar radicada en Panamá, el reporte de la Unidad de Información Financiera precisa que “la empresa en cuestión no mantendría propiedades en Panamá ni actividad comercial declarada”. Tampoco tiene “antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada”. Según la UIF, Kagemusha “se encontraría registrada en la República de Panamá bajo el folio 71446 (S), inscripta el 11 de mayo de 1981, con un capital social de diez mil dólares, con domicilio en la provincia de Panamá y suscripta por Rodrigo Arosemena y Eloy Benedetti”. Benedetti es un abogado panameño y Arosemena aparece como un empresario vinculado al rubro de las comunicaciones.

En todo el reporte, la UIF utilizó el potencial en los verbos para consignar los datos que le aportó un informe de Panamá. Además, le aclaró a Casanello que la información “puede ser considerada solamente como información de inteligencia” y que “no es válida para procesos jurídicos”. “No puede ser utilizada como prueba”, le remarcaron.

La advertencia contrasta con la actitud de la UIF cuando entregó otro informe de inteligencia de Suiza al mismo juez en el caso en el que se investiga al empresario Lázaro Báez. En ese caso, la UIF, lejos de usar condicionales y advertir que la información suministrada no era prueba válida para utilizar en un juicio, arremetió con un pedido de detención del empresario sospechado de lavado de dinero. En esa oportunidad, la UIF solicitó también la inhibición general de los bienes de los hijos de Báez, además de que se los citara a indagatoria. Días más tarde, la UIF tuvo que admitir que la documentación entregada a Casanello en esa oportunidad era “información proporcionada únicamente para fines de inteligencia, no permitiendo su incorporación como prueba en este proceso judicial, ni que sea revelada la fuente de la cual proviene la información”. Por lo que los pedidos de detención basados en esos datos quedaron como una sobreactuación de los funcionarios macristas.

En el caso de los informes sobre Macri, esta aclaración estuvo hecha desde el comienzo. Tanto en el caso de Báez como en el de Macri, la información tendrá que ser ratificada a través de otra forma, como le recordó al juez la UIF: “A fines de poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes la deben requerir a la República de Panamá”. Por ejemplo, mediante los exhortos diplomáticos que envió el juez y nunca fueron contestados.