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Retroceder solo cuando es inevitable… rendirse jamás. Esa es la real consigna que aplica el gobierno respecto del tarifazo… nada que ver con “reconocer los errores”, según se auto justifica y auto elogia. El aumento de hasta el 400 por ciento para usuarios residenciales y 500 por ciento para los comercios es un paso atrás dado a disgusto, solo porque le doblaron la muñeca.

El orden de aparición de los actores es fundamental para historiar lo sucedido. Los protagonistas centrales son argentinos de a pie y organizaciones de consumidores. Pusieron el grito en el cielo, salieron a la calle, se congregaron en movilizaciones masivas. Ninguna de ellas conmovió al presidente Mauricio Macri y su equipo.

Los gobernadores de provincias patagónicas resolvieron ponerse a la cabeza de las demandas porque se ponía en juego la propia representatividad. Sus primeras palabras se perdieron en el viento. La situación (la correlación de fuerzas) empezó a cambiar cuando comenzaron a llover demandas judiciales, algunas impulsadas por mandatarios provinciales o municipales. El oficialismo convocó a los mandatarios patagónicos y acordó restringir la suba a cifras parecidas a las establecidas ayer mediante la Resolución 129/2016. Lo prometido es deuda… no cumplida todavía. El compromiso oficial naufragó merced a la mala fe o a la floja praxis de su gestión. Las causas pueden ser discutibles, los efectos son idénticos.

Con la ampliación de la “tarifa social” pasa algo similar. Los solicitantes se extravían en un laberinto de requisitos engorrosos para los particulares y prohibitivos para organizaciones sociales sin fines de lucro. A éstas se les exigen requisitos formales y contables ajenos a su giro y entidad: se deja afuera a clubes de barrio o Centros culturales comunitarios porque no tienen documentación o equipos contables como Shell, LAN Chile o Farmacity.

La seguidilla de sentencias favorables a los amparos tampoco movió la aguja. El gobierno las recurrió en su totalidad. Se empecinó en solicitar un per saltum para llegar rapidito a la Corte Suprema y la derivación de todos los expedientes al Fuero Federal Contencioso Administrativo, estrados donde las corporaciones juegan de local desde que lo configuró el menemismo. El ministro de Justicia, Germán Garavano, inmiscuyó en otro poder: le indicó a la Corte que debía poner en práctica el doble by pass.

Las marchas, cacerolazos y frazadazos no cejaron. Los patagónicos, se suponía, eran las víctimas del esquema anterior y los beneficiarios del nuevo cuadro de tarifas. No se percataron ni tampoco se resignaron a no consumir si no podían pagar, como les propuso el ministro de Energía Juan José Aranguren. De momento, tampoco dan la impresión de estar dispuestos a vivir con el sobretodo, la bufanda y los guantes puestos hasta para dormir como propone el presidente neo ecologista Mauricio Macri.

La movida decisiva de este set (el partido se sigue disputando) fue la correcta e inteligente sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata que suspendió el tarifazo en todo el país por haber incumplido las audiencias previas, requisito constitucional ineludible.

Recién entonces se activó la Corte que formuló un pedido circunstanciado de informes al gobierno. Es clavado que éste no podrá responderlo de buena fe porque no realizó los estudios que el Tribunal le reclama. El célebre Excel de Aranguren no cargó tantos datos: apenas la ecuación financiera de las empresas afines a su vida y los números del déficit fiscal.

El fallo de la Cámara platense sigue en pie porque está incólume su fundamento que no es la exorbitancia del aumento para muchos usuarios sino la falta de audiencias públicas. El gobierno anunció una para octubre, que en la Argentina es largo plazo. De cualquier modo, la audiencia es previa y consultiva, no posterior y, eventualmente, ratificatoria. La finalidad apenas oculta de la audiencia futura, todo lo indica, es ser prólogo de otra etapa del tarifazo, que vendría desdoblado.

Así las cosas, la Corte Suprema, si obra con apego a derecho, deberá decidir en el expediente más avanzado y mejor resuelto de la caterva en danza cuando regrese de la feria invernal y reciba un informe inexorablemente trucho.

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La participación ciudadana y la acción directa vienen signando la historia argentina del siglo XXI. Hoy día, se adecuan a las circunstancias: atonía de las representaciones políticas con más peso territorial y parlamentario. Los partidos políticos mayoritarios van a la zaga de los reclamos populares. No los promueven, no los lideran, como máximo los acompañan. La debilidad del Frente para la Victoria (FpV) es una ventaja visible para el oficialismo que la capitaliza en el Congreso nacional y en la relación con las provincias. Pero, ay, no lo blinda contra las protestas de quienes “se creen” titulares de un haz de derechos adquiridos o constitucionales.

Como ya se dijo, la escena de hoy es transitoria: el gobierno prepara el contragolpe y no se sabe qué hará la Corte cuando esté en condiciones de fallar. La contraofensiva latente es un hecho clavado. El de-sempeño del máximo Tribunal es pura virtualidad: se ignora si sentenciará (como corresponde), si tirará la pelota al córner, cuándo sucederá cualquiera de esas eventualidades. Ni siquiera se conoce si estará compuesta por cuatro magistrados o cinco, cuando llegue la hora. Especular sobre esos escenarios es atractivo, pero se parece mucho a una timba: conlleva el riesgo de equivocarse entre tantos senderos que se bifurcan.

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De todos modos, el gobierno sufrió un revés, propinado por una muchedumbre expandida en todo el país, transversal en sus preferencias políticas. Habrá entre ellos una porción alta de votantes que se inclinaron por Macri en la segunda vuelta y, se puede inferir, una proporción menor en el núcleo duro de Cambiemos, asentado en las clases medias altas y altas de la zona núcleo.

La referencia sirve para refutar la pintura que propagan, en coalición involuntaria, los apologistas del macrismo y sectores enfadados o decepcionados del kirchnerismo. El gobierno no avanza sin contratiempos ni sin rechazos sociales, algo que sería una aciaga novedad en la Argentina. A falta de referencias políticas que lo encuadren, el movimiento social reacciona en cada circunstancia, en defensa de intereses específicos. Las respuestas son, entonces, focalizadas, territoriales, en defensa de derechos concretos. Las más abarcantes produjeron las movilizaciones más rotundas: el acto de las cuatro centrales obreras y las protestas contra el tarifazo.

Es un mentís para las tesis derrotistas de algunos opositores y también para las elegías de los consultores de imagen que explican que Macri sigue gozando de una invicta aprobación ciudadana. Ni los ateridos de frío, ni los docentes, ni los despedidos deben pensar así y eso es solo el comienzo.

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El ostensible malestar en la cultura macrista se trasunta en declaraciones torpes y despectivas, impopulares como las acciones que defienden. La competencia por la medalla de oro en macrismo explícito es encarnizada. El Presidente y Aranguren van por el podio: aspiran a batir records nacionales y hasta olímpicos.

Los tropiezos impactan hasta en los medios dominantes que reprenden al elenco macrista. En general, hacen todo lo que pueden por el Gobierno, empezando por intentar tapar el cielo de la realidad socio económica con el arnero de “la corrupción K”. Ayer mismo recurrieron a imágenes del ex Secretario de Obras Públicas José López como rebusque y como sortilegio para matizar la agenda pública, que viene adversa al gobierno, si se atiende a lo esencial.

Los vapuleos a Aranguren y al propio Macri llevan un cuchillo internista bajo el poncho. Formadores de opinión, un editorial del diario La Nación a los gritos, por un lado y líderes de grandes corporaciones por otro reclaman relevos en el equipo económico. Lo acusan de disperso, incoherente, sin cabeza visible. El principal destinatario de la ofensiva (más allá del indefendible Aranguren) es el ministro de Economía y Finanzas, Alfonso Prat Gay. Si uno creyera en lo que lee, el zorro de Wall Street sería un tibio reformista. Es una injusticia, dentro del ideario oficial. Prat Gay, él mismo lo expresó en inglés fluido, consumó buena parte del “dirty work”. Pactó un acuerdo leonino con los fondos buitres, si se nos permiten las imágenes zoológicas. Y propició una colosal transferencia de ingresos de abajo hacia arriba. Hete aquí que para los deseos y afanes del establishment el hombre es una suerte de desarrollista, acaso una versión local de John Maynard Keynes o de Rogelio Frigerio (abuelo).

El establishment se ofusca porque el gobierno tropieza con resistencias sociales y clama por un superministro de Economía. Cuando la derecha fáctica instala esos clamores… agarrate Catalina.

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