En la campaña electoral, Mauricio Macri prometió que mantendría Fútbol para Todos. Sin embargo, ayer el Gobierno anunció la rescisión del contrato que garantizaba la emisión gratuita de todos los partidos de fútbol por televisión.

El fútbol es la actividad donde con mayor nitidez quedaron sepultadas las declamadas expectativas del segundo semestre. Podría decirse que, más que un semestre, vive el peor año de su historia. En lo institucional, económico, jurídico, deportivo y, desde ahora, por lo que proyecta su futuro mediático. Un derecho adquirido que estaba a punto de cumplir siete años se cercena. El gobierno nacional anunció ayer que acepta la rescisión del contrato del programa Fútbol para Todos (FPT) que le planteó la AFA como una salida del brete en que se metió solo con su voluntad hegemónica de controlar lo que pasa en los clubes, sus canchas, sus campeonatos y cualquier escenario donde se coloque un trípode con una cámara para televisar el juego. Mediante un comunicado, la Casa Rosada explicó: “Aceptamos el planteo que hace el 95% de los clubes de Primera División y varios del Nacional B, obviamente, abriendo una instancia de diálogo que piden para evaluar los tiempos y la forma”. Así, de una, se clausuró una política que comenzó el 11 de agosto de 2009 con el anuncio en el predio de la AFA en Ezeiza del que participaron la ex presidenta Cristina Kirchner, Julio Grondona y Diego Maradona.

El gobierno de Mauricio Macri que avivó el fuego de la recuperación nacional con su retórica primeriza, acumuló en el fútbol un incendio acá y otro más allá. El último se padecerá cada domingo cuando haya que pagar –además del abono del cable– para ver los partidos como ocurría antes de agosto de 2009. Dicen los voceros del establishment que eso pasará recién a partir de 2019. Pero, ¿quién puede dar fe de ellos?

La yapa de una serie de plagas que hicieron tabla rasa del deporte que más aman los argentinos es el final del Fútbol para Todos (FPT). Un programa que reivindicaba la esencia popular del principal espectáculo masivo, que democratizaba la pantalla aun con sus desprolijidades, que fue una herramienta del gobierno de Cristina Kirchner para difundir sus políticas de Estado y que también careció de los controles necesarios para que los dirigentes no gastaran el dinero público a piacere. Pese a eso, el Fútbol para Todos se había transformado en un derecho con amplio consenso entre los millones de argentinos que lo consumían. Daban cuento de eso decenas de encuestas.

La mise en scene que montaron el Gobierno y la AFA para desligarse de lo que para ambos era un problema se gestó en innumerables reuniones fogoneadas por los lobistas de una y otra parte. A la Casa Rosada la AFA le tiró un centro a la cabeza y con el arco vacío para definir una clara situación de gol. Fue el texto que le envió la asociación a comienzos de esta semana: “Que el fútbol para todos ha cumplido un ciclo y amerita un replanteo. Que por esta situación estamos dispuestos a liberar al Estado del costo de los fondos privados de nuestro producto, toda vez que para la familia del fútbol la cifra que recibimos resulta exigua y para el Estado es un importante gasto. Que en tal sentido proponemos en breve plazo las partes podamos disolver el vínculo que nos une, y a través de una licitación internacional, buscar oferentes privados”, decía, palabras más, palabras menos, la invitación a romper el matrimonio por conveniencia.

Al gobierno de Macri el pedido le resultó funcional para no pagar un costo político que podría ser más grande cuando la supresión del FPT se instrumente. El tiempo juega a su favor. Paradoja de una gestión que apunta a controlar el fútbol como si se tratara de una actividad con ministerio propio y que pretende salir indemne de los efectos de las conflictivas decisiones que toma. Por caso, intervenir de manera solapada la AFA, donde Daniel Angelici, el presidente de Boca, ha sido la pieza clave que decidió a piacere las reformas más estratégicas, difíciles de mensurar en el futuro más próximo. Su nave insignia es la Superliga, que les cabe como traje a medida de los clubes más grandes. Ese engendro organizativo que se transformará en la puerta de entrada para las sociedades anónimas deportivas.

Pero hay más. Decisiones y responsabilidades compartidas entre el Gobierno y la AFA que no lograron sacar hasta ahora del desastre económico a sus clubes afiliados. Y tampoco a la asociación que los reúne y que, como aquellos, está al borde de la cesación de pagos. La lista podría seguir: una Selección nacional que hoy no tiene entrenador. Tampoco a su mejor jugador, el número uno del mundo. Hasta ahí una cantidad de plagas que son más que las de Egipto.

Y hay todavía más… Una AFA sin presidente y sí con una comisión normalizadora a imagen y semejanza de los deseos del Gobierno. Una AFA sin elecciones que no pudo autogobernarse por la desfachatez de los dirigentes primero y porque después lo decidió la Inspección General de Justicia (IGJ) con la suspensión de los que iban a ser sus segundos comicios. Una AFA sin fondos para pagarles a sus árbitros y a sus empleados administrativos, que organiza y/o desorganiza los peores campeonatos del planeta. Que no permite la asistencia del público visitante a los estadios como si la gran mayoría de nuestros hinchas fueran talibanes o yihadistas dispuestos a dejar la vida en un partido. Solo faltaba que nos quedáramos sin fútbol por TV, en vivo y en directo, donde la palabra diferido ya había perdido sentido.

Los nuevos campeonatos empezarían el 26 de agosto, para dar tiempo a que terminen los Juegos Olímpicos y algunos clubes recuperen a los integrantes de la Selección improvisada que nos representará en Río de Janeiro. La declamada promesa del gobierno es que el Fútbol para Todos se garantice hasta que finalice el contrato de diez años que se había firmado en 2009. Un rumor no confirmado induce a pensar que el programa podría terminar dos años antes, a mediados del que viene y tras las elecciones parlamentarias.

“El Gobierno aceptará la rescisión del contrato suscripto con la AFA por el programa Fútbol para Todos, pero planteará que la gente siga viendo los partidos por televisión abierta hasta 2019”, informó el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis. El funcionario le puso así una lápida a la política que se había impuesto sobre los intereses privados. Esos intereses que regresarán casi exactamente siete años después, con otro nombre o uno ya viejo y conocido, que manejó los derechos que ahora abandona el Estado.

Por ahora, hay una propuesta económica de la cadena Turner con base en Atlanta, Estados Unidos. Sería la única vigente y presentada. Pero también viene adosada con ella la posibilidad de que el antiguo dueño, el grupo Clarín, vuelva a participar del negocio. El mismo que el 19 de abril de 1991 firmó su primer contrato a través de Televisión Satelital Codificada (TSC), una sociedad comercial que compartió con Torneos y Competencias. El oligopolio se sacó de encima después a su creador Carlos Ávila y dominó los derechos del fútbol durante dieciocho años.

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