En abril de 1999 el poeta Juan Gelman reveló su presencia en el centro clandestino de Automotores Orletti en una carta dirigida al entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, Martín Balza. “Señor teniente general Martín Balza: tiene usted bajo su mando inmediato a uno de los responsables mediatos del robo de mi nieta o nieto nacida/nacido en cautiverio. Se trata del general Eduardo Rodolfo Cabanillas, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario. Como usted no ignora, ese delito es imprescriptible. ¿Piensa hacer algo al respecto?”. Gelman había descubierto su nombre en un expediente. Aquella primera denuncia permitió la detención y con el avance del proceso de Justicia a los responsables de los crímenes de Estado su condena a 20 años de prisión, en marzo de 2011. La sala de feria de la Cámara de Casación Penal acaba de otorgarle ahora el beneficio de la prisión domiciliaria, por edad y razones de salud. El fallo nada dice de las cartas de lectores que los camaradas de armas de Cabanillas comenzaron a publicar a modo de alegato la última semana en el diario La Nación.

La decisión de otorgar la domiciliaria causó cierta sorpresa porque fue tomada por los jueces de feria el jueves pasado, luego de cuatro denegatorias. El fallo lleva las firmas de Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Angela Ledesma. Se inscribe en una línea que discute la apertura de las puertas de las celdas a los detenidos de lesa humanidad con más de 70 años. En este caso, los jueces retoman el argumento de la defensa de Cabanillas que solicitó la detención domiciliaria por “razones de edad –el nombrado tiene 74 años– y de salud –presenta antecedentes de hernia de disco, constipación y adenoma de dificultad próstata, motora dislipemia, debido a las discopatías que padece–”. Frente a esto, la acusación había dicho que las dolencias y enfermedades no habían variado: “no son de gravedad extrema, sin bien son crónicas, no son terminales”. Los jueces entendieron, sin embargo, que no se puede soslayar el paso del tiempo entre los informes médicos de la causa y la actualidad, “máxime cuando el recurrente alega un agravamiento en el cuadro de salud de su defendido y encuentra respaldo en las constancias de autos”. En esa lógica, señalaron que “corresponde hacer lugar al recurso de casación contra la denegatoria del arresto domiciliario” y que es procedente que “el condenado continúe con la restricción de su libertad en su domicilio, atento a su edad, a la existencia de las razones de salud invocadas y a fin de atender a las razones humanitarias subyacentes”.

Antes y después del fallo, ese reclamo había aparecido publicado en la sección de cartas de lectores de La Nación. El miércoles 20 de julio publicó una carta el coronel retirado Guillermo Cesar Viola, titular de la Unión de Promociones, la corporación castrense que reivindica los años de plomo y tiene entre sus abanderadas a Cecilia Pando. Y el día domingo 24 lo hizo el “Cap. Rodrigo A. Caro Figueroa (RE)”. Ambos dijeron que Cabanillas había iniciado una huelga de hambre el 13 de julio. Lo presentan como hombre de bien y buscan presionar a la Justicia, aún en el contexto de expectativas que les había provocado el cambio de gobierno. “Cuando la Justicia, ese aparato costosísimo que sostenemos los contribuyentes, se usa para impartir injusticia, estamos en problemas. Así viene sucediendo en nuestro país desde hace doce años, sin que la sociedad haya protestado en la dimensión que merece la feroz ignominia. Ni un solo diputado o senador nacional ha hecho sentir su voz para denunciar la persecución política y la denegación de justicia que sufren los ciudadanos que son acusados, encarcelados y/ o condenados por lesa humanidad. Más bien, miran para otro lado o actúan como cómplices. También hay que pasar horas y horas buscando en Internet para encontrar algún artículo que se ocupe del problema; por lejos, el más sombrío que acucia a la Argentina. La prensa también es cómplice”.

Cabanillas fue condenado en 2011 junto a Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Guglielminetti. Fue el único condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por cinco homicidios. La imputación contó además 29 secuestros. Entre sus víctimas estuvieron las víctimas de lo que se conoció como los cinco tambores del río Luján, un grupo de prisioneros arrojados en esos recipientes en octubre de 1976, descubiertos por un prefecto e identificados en 1989. Entre ellos estaban muchos de los nombres que se gritaron en la sala de Comodoro Py la noche en la sentencia: los mellizos Gustavo y Ricardo Gayá, Marcelo Gelman, Dardo Albeano Zelarayán y Ana María del Carmen Pérez, con un tiro en la panza, con un embarazo de nueve meses, como recuerda Alejandro Rúa, abogado por el CELS en ese debate. En aquel proceso quedó establecido que Cabanillas fue jefe del centro clandestino Orletti, sede del Plan Cóndor en Argentina y nexo de la cadena de mandos que hacia arriba tenía a Otto Paladino y hacia abajo a la patota operativa de Aníbal Gordon, Ruffo, Martínez Ruiz y Guglielminetti.