[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

“Irritada satisfacción.” Esa fue la descripción que hizo uno de los integrantes de la mesa chica del presidente Mauricio Macri sobre el clima que reinaba ayer en Casa Rosada. El oficialismo hizo una lectura pragmática del fallo de la Corte Suprema y salió a instalar una interpretación benévola de lo que, en los hechos, fue una derrota política. Si bien hubo aspectos del fallo que los descolocaron, en la evaluación que hicieron en la mesa chica destacaron que el costo fiscal es más bajo del que podría haber sido y que en seis meses como máximo podrán aplicar finalmente el aumento a todos. En síntesis: no hay cambio de rumbo previsto tras el fallo adverso y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue ratificado en su cargo.

Durante las últimas semanas, el Gobierno presionó para obtener un fallo favorable en la Corte Suprema: reunió apoyos de gobernadores de Cambiemos y otros afines, sumó a los ex secretarios de Energía y desde distintos medios de comunicación afines trascendieron pronósticos del caos que se desataría si no era convalidado el aumento.

Uno de los puntos que el Gobierno esperaba era que la Corte ratificara el precio en boca de pozo sin audiencia previa, cosa que no ocurrió. Fue esa decisión la que más irritó a los habitantes de la Casa de Gobierno. “Nos preocupa el liberalismo extremo de la Corte: que si el precio del gas fuera el del mercado no requeriría audiencia previa, pero si el Estado regula el precio a la baja tienen que convocarla, aunque eso no está en norma alguna. Pero podemos vivir con eso”, chicaneó uno de los habituales consiglieri del Presidente. Suponían que el planteo sobre las audiencias se iba a limitar sólo a las tarifas de transporte y distribución. No sucedió y esto los obligó a recalcular el discurso.

El Presidente y su mesa chica analizaron el fallo apenas pudieron tener sus manos sobre él. Evaluaron los costos financieros, primero que nada.

“No son imposibles”, advirtieron en el Gabinete económico, contrariando los anuncios de tempestades de los últimos días (se había llegado a anunciar el cierre de las empresas y todo el mundo sin luz ni gas). A continuación analizaron que las audiencias se pueden hacer en poco tiempo y luego aplicar el aumento que pretendían: con un tope del 400 por ciento. “La verdad, esto no está tan mal”, comentó uno de los hombres cercanos a la decisiones del Presidente.

Según describieron los presentes, la sensación era de cierto alivio porque no quitaron el aumento a los usuarios no residenciales. En los cálculos del Gobierno, le podrán cobrar el aumento al 75 por ciento y tendrán que “financiar unos meses” los subsidios del otro 25 por ciento de usuarios residenciales, hasta que puedan cumplir con los procedimientos y aplicar el aumento. “¿El fallo? Fiscalmente, bien. Institucionalmente, muy bien. Jurídicamente, es un mamarracho”, comentó uno de los que delínea la estrategia judicial del macrismo.

Luego de la evaluación económica, se acordó la estrategia comunicacional. Al encontrarse ante un fallo adverso de la Corte el eje, acordaron, era señalar que el fallo traía certidumbre y que “funcionan las instituciones”, algo que repitieron los distintos integrantes del gabinete. En esa cuenta, sumaron el paso de Aranguren por el Congreso y el cumplimiento del fallo de la Corte. Por supuesto, todo comparado con el kirchnerismo, al que culparon por la situación actual. “Cumplimos el fallo, nos guste o no nos guste. Podría haber sido peor y podría haber sido mejor. Salió una cosa razonable”, interpretó un importante integrante de la mesa chica PRO. “La gente entendió que la energía no era gratis, como les hizo creer el kirchnerismo”, agregó.

Una parte que sí les gustó del fallo fue cuando la Corte indicó cuál es la división de roles entre los poderes del Estado con respecto a las tarifas. Desde el Gobierno se interpretaba que esto limitará cabalmente los alcances de las acciones colectivas e imposibilitará nuevas trabas judiciales a los aumentos de los servicios públicos. “Lo bueno es que se terminó. No hay más amparos por esto”, afirmaba o se esperanzaba un funcionario.

“No lo vemos como una derrota. El 75 por ciento de los aumentos los ratificó. Y el otro 25 por ciento lo vamos a poder hacer dentro de unos meses. Es financiarlo, a lo sumo, seis meses”, era el cálculo que hacían en Casa Rosada. No parecían tomar en cuenta la posibilidad de que otros sectores presenten amparos y se sumen a la medida de la Corte.

¿Cómo quedaron las cosas internamente en el gabinete? El fallo no representó una victoria del sector político –que tiene como uno de sus referentes al ministro del Interior, Rogelio Frigerio– sobre el de los CEOs, entre los que está Aranguren. Esto es así por la sencilla razón de que quien impulsa los aumentos es el presidente Macri. Sí seguirán otras discusiones conexas en materia de energía, como la que tienen Aranguren y Frigerio por los subsidios al barril de petróleo criollo. “Aranguren se queda. Ya fue absuelto. La decisión es bancarlo, incluso en los errores técnicos. La culpa es de De Vido y de José López”, era la interpretación. Habrá que ver en qué medida la realidad jurídica y la población los acompaña en esa visión de lo ocurrido.