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El fallo de la Corte Suprema que anuló el aumento tarifario para los usuarios residenciales despertó en el heterogéneo mundo empresarial un rápido movimiento para analizar la presentación de nuevos amparos que puedan extender los efectos de la decisión que los magistrados comunicaron ayer. La sensación después de conocer el fallo de la Corte fue en general negativa entre las empresas, porque su situación pasó de estar al margen del tarifazo gracias a la vigencia del fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata a tener que afrontar los aumentos. De todos modos, muchas cámaras empresarias y colectivos de pymes, cooperativas, recuperadas, clubes de barrio y centros de jubilados ya están abocados a estudiar la forma de presentarse ante la Justicia para pedir la ampliación de la anulación del aumento de tarifas. Para algunos especialistas, la Corte dejó abierta esa posibilidad con la decisión de ayer.

“El fallo tiene dos lecturas posibles. Una es positiva porque al menos quita el pie sobre la cabeza de los usuarios residenciales. Pero por otro lado están las pymes, que muchas veces incluso utilizamos el gas para calefaccionar el ambiente donde los trabajadores pasan buena parte de su día. Vamos a estudiar qué hacemos en una reunión urgente con la comisión directiva, a ver cómo nos presentamos ante la Justicia. Si se decidió esto para los hogares también puede aplicarse para las empresas”, dijo a este diario Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la Argentina (CGERA). En tanto, la UIA anunció que el próximo martes se reunirá a analizar la situación. Los metalúrgicos de Adimra pusieron en marcha un estudio legal y técnico “para verificar algún curso de acción”, mientras que en Copal (alimenticias) la reunión será el lunes. También la Cámara del Calzado concretará un encuentro la semana próxima, aseguró su presidente, Alberto Sellaro. La Cámara Argentina de Gas Natural Comprimido (GNC) ya anunció que toda la cadena de valor presentará un amparo para pedir la extensión del fallo.

Desde la CAME, Vicente Lourenzo indicó a este diario que “lo vemos en forma negativa porque restringe el alcance del fallo de la Cámara Federal de La Plata. Por eso ya está trabajando todo el departamento de legales de CAME para encontrar los fundamentos para la presentación judicial. Creemos que si el argumento de la Corte es que no hubo convocatoria a audiencia pública, eso también corre para las pymes y otro tipo de usuarios no residenciales. Estamos especialmente preocupados por la situación de las empresas que hacen uso intensivo del gas o la luz, que no pueden soportar los actuales aumentos”.

También por el lado de las pequeñas empresas Página/12 consultó a Daniel Moreira, titular de la Asociación Pyme. “No hay nada para ponerse contentos porque están excluidas las industrias, las pymes, los clubes de barrio y los comercios. Cuando nosotros tengamos que pagar el tarifazo, va a repercutir en los costos, y al no poder trasladarlo a precios, habrá que cerrar empresas. Nosotros también necesitamos participar de las audiencias públicas”, indicó el dirigente. “Las pymes tenemos que ser capaces de juntar voluntades para lograr algo similar a lo obtenido por los usuarios residenciales”, agregó Moreira.

El fallo de la Corte Suprema advierte que “respecto del resto de los usuarios (no residenciales) no se ha demostrado que el ejercicio individual de la acción no aparezca plenamente justificado”. Sobre ese párrafo, la abogada Graciana Peñafort sostiene que “la Corte abre el camino a las pymes a reclamar. Deberán reclamar individualmente y demostrar que el aumento resulta irrazonable en relación a los costos y ganancias”. En tanto, el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, sostuvo en declaraciones radiales que “el fallo en ningún momento rechaza la demanda respecto de los usuarios no residenciales, de manera que las pymes, clubes de barrio o quien se sienta afectado por el aumento tarifario puede iniciar una acción judicial y podría lograr suspender inmediatamente el aumento porque ningún juez se opondría a los argumentos planteados por la Corte”. Carlos Heller, diputado nacional (Partido Solidario), dijo que “los considerandos del fallo son interesantes y deberían ser aplicados al resto de los usuarios, especialmente a los clubes e instituciones sociales, las empresas en general y las pymes en particular”.

Jorge Sorabilla, de la Fundación Protejer, consideró que “el fallo de hoy no está mal desde el punto de vista de que la Justicia toma conciencia de que no se pueden pagar los aumentos originales tal como estaban diseñados. Frente a la pérdida del poder adquisitivo, el tarifazo terminaba poniendo a muchas familias en la disyuntiva de si pagaba la energía, la salud o la educación. Por nuestra parte, si bien no se puede regalar la energía, tampoco se puede dejar a las empresas sin competitividad. Eso tendría un costo social mucho más alto que los subsidios. La situación de las empresas depende de si es intensiva en uso de energía y de la rentabilidad. Hay que ver caso por caso, esperemos que el Gobierno tome nota”.

Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta), consideró ante este diario que “el fallo resulta algo ambiguo. Rescatamos lo positivo de que se haya frenado el tarifazo para los usuarios residenciales, lo cual es producto de cómo se luchó, de cómo se organizaron los usuarios y por el efecto de los ruidazos masivos. Pero hubiéramos preferido que la decisión de la Corte sea para todos los usuarios. Es un triunfo a medias. Vamos a continuar la disputa por la vía judicial”.